Foto: Thomas Müller / SPDA
Escribe Jean Pierre Araujo / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
La Iniciativa 20×20 reúne el compromiso de 11 países de América Latina de restaurar un total de 20 millones de hectáreas al 2020. Esta iniciativa fue presentada durante la cumbre de Cambio Climático de Lima (COP20) en 2014. A través de ella, el Gobierno peruano se comprometió en restaurar un total de 3.2 millones de hectáreas de tierras degradadas.
Para continuar los esfuerzos por alcanzar dicha meta, durante el 2018 el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) desarrolló la identificación de los sitios prioritarios para la restauración a nivel nacional. Asimismo, aprobó los lineamientos para la restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre (RDE 082-2018-MINAGRI-SERFOR-DE), que busca establecer los principios y criterios a ser observados por los planes, programas, proyectos y actividades diseñadas para restaurar ecosistemas que integran el patrimonio nacional forestal.
Esto se suma a la iniciativa de crear un Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Degradadas (PNREST), cuyo objetivo es liderar los esfuerzos nacionales y regionales que permitan alcanzar la restauración de 3.2 millones de hectáreas a ser reportadas en el marco de la Iniciativa 20×20.
Todos estos esfuerzos impulsados desde el Serfor requieren asegurar una perspectiva e involucramiento multisectorial y multinivel, a fin de que los objetivos y acciones estratégicas de otros sectores como Ambiente, y el trabajo con los gobiernos regionales, puedan estar articulados al cumplimiento de las metas nacionales de restauración.
Esta perspectiva multisectorial y multinivel requerida para la implementación de una política nacional de restauración de ecosistemas, puede ser alcanzada mediante la alineación de los objetivos y acciones estratégicas en el marco de la planificación sectorial y regional que se traduzca en una priorización presupuestal articulada.
La alineación de objetivos y acciones estratégicas que beneficien la inversión pública en beneficio de la restauración de ecosistemas puede ser alcanzada aprovechando la incorporación del término Infraestructura Natural (IN) en el régimen del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – SNPMGI (que reemplaza al SNIP) aprobado por el Decreto Legislativo 1252.
En efecto, el SNPMGI está diseñado bajo una lógica en la cual se vinculan los objetivos nacionales, regionales y locales plasmados en sus documentos de planificación estratégica, con la priorización y asignación multianual de fondos públicos[1]. En consecuencia, se busca un alineamiento de las prioridades de los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de que cada uno pueda identificar las acciones a ser desarrolladas en el marco de sus competencias, y requiera el presupuesto necesario para lograr las metas trazadas.
Foto: Thomas Müller / SPDA
Ahora bien, en el marco del SNPMGI, la IN es conceptualizada como “la red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos”[2]. Esta definición, a la luz de los conceptos desarrollados por la Ley 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 09-2016-MINAM, nos permiten establecer que la IN se sustenta en: a) La existencia de una red de espacios naturales que conservan ecosistemas (naturales o intervenidos); y b) La provisión de servicios ecosistémicos, generados como consecuencia de la conservación de los ecosistemas.
Entonces, la incorporación del concepto IN en la planificación estratégica institucional, constituye una oportunidad de alinear las perspectivas multisectoriales y multiniveles en beneficio de la restauración de ecosistemas. Ello en razón de que facilitará el desarrollo de intervenciones e inversiones en los diferentes componentes de los ecosistemas (agua, suelo, cobertura vegetal, subsuelo, biodiversidad, etc.) que desempeñan una o más funciones en la provisión de servicios o beneficios ecosistémicos (regulación hídrica, captura de carbono, atenuación de crecidas, regulación del clima, control de sedimentos, etc.). (CONDESAN, 2018)
Tomando como referencia el trabajo desarrollado por Serfor durante 2018, respecto a la identificación de sitios prioritarios para la restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistema de vegetación silvestre a nivel nacional, podemos aprovechar la información generada para que los gobiernos regionales y locales puedan contar con una línea base común de las brechas de inversión en restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre (o brechas de inversión en IN con fines de restauración forestal).
A partir de las brechas identificadas, tanto el Serfor como los gobiernos regionales y locales podrían utilizar una misma línea base para impulsar la restauración de los ecosistemas forestales y sus servicios ecosistémicos. De esa manera, cada uno incorporando una misma línea base, podrían identificar en sus documentos de gestión estratégica cada uno de los objetivos y acciones a desarrollar, lo cual aseguraría el presupuesto multianual para asegurar el cumplimiento de las metas nacionales sobre restauración.
El mismo trabajo lo podría desarrollar el Serfor con otras agencias del sector (ANA, AGRORURAL, PSI. AGROIDEAS, entre otros), tomando como fuente de información la misma brecha de inversiones, puedan enfocar sus proyectos e intervenciones (en el marco de sus responsabilidades) en la restauración de los ecosistemas forestales, considerando su importancia en relación con los servicios ecosistémicos que brinda: regulación hídrica, protección de cuencas, atenuación de crecidas, conservación de suelos, prevención de deslizamientos, entre otros.
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