Foto: Thomas Müller / SPDA
Escribe Fátima Contreras (@faticotz )* / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA
En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, tomamos como punto de reflexión la presencia y participación de las mujeres en la gestión del agua desde su posición en la toma de decisiones hasta su intervención en campo para adaptarse al cambio climático.
El cambio climático ha permitido evidenciar y aumentar la desigualdad entre los grupos más vulnerables de la sociedad, exponiéndolos a los efectos negativos y reduciendo las oportunidades de adaptarse a él[1]. La vulnerabilidad de las mujeres frente a escenarios de cambio climático se debe a sus roles y responsabilidades construidos por la sociedad y su posición por debajo de otros grupos dominantes, especialmente en regiones rurales, en donde la mujer es el principal agente de provisión de alimentos, lo que la convierte en la principal dependiente de los recursos naturales[2].
Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), insistimos en la inclusión del enfoque de género en el proceso de debate de la Ley Marco de Cambio Climático, así como en su reglamento, de manera que se incluyeran otros instrumentos de política pública claves referentes a la mujer, el género, y las necesidades relativas a su inclusión adecuada en las evaluaciones y toma de decisiones.
Específicamente, la participación de las mujeres en la gestión de uno de los recursos naturales más valiosos, el agua, ha sido considerada como fundamental, así como en el abastecimiento de este y en su protección[3]. Esto es debido a que, tanto en nuestra sociedad como en otras, las mujeres y niñas son las principales usuarias del agua para el consumo doméstico, la agricultura de subsistencia, la salud de sus familiares y el saneamiento. El Plan de Acción de Género y Cambio Climático ha indicado que “las mujeres ejercen un rol más activo respecto a la gestión del agua al interior del hogar, a diferencia de los hombres que cuentan con mayor presencia en la toma de decisiones para los usos agrícolas, ganadería e industria”. De hecho, el Ministerio de Agricultura y Riego, informó en el 2015 que, de los 3314 comités de regantes, la participación de las mujeres representaba en promedio solo el 5%[4].
En ese sentido, desde la SPDA creemos que las cuestiones de género tienen un avance incipiente en reconocer a la mujer rural como agente de cambio principal en la implementación de las políticas públicas relacionadas con los recursos hídricos, la infraestructura natural asociada y la adaptación al cambio climático. Así, a pesar de contar con reconocimientos expresos por parte de las autoridades sobre la necesidad de trabajar la desigualdad entre hombres y mujeres, y a pesar de la aprobación de instrumentos de planificación de nivel nacional, aún tenemos mucho por hacer, y debería ser materia de una reflexión el papel de la mujer en espacios de toma de decisión, investigación científica y liderazgo comunal con relación a estos temas que son prioritarios para ellas y para sus familias.
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Foto: Andina
La participación de la mujer en niveles de gobierno con poder de decisión efectiva
En el 2017, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), creó la Comisión para la Igualdad de Género de la ANA[5], quien tenía entre sus funciones elaborar un plan de actividades para la reducción de las brechas de género, y la construcción de una cultura organizacional con igualdad de género.
Ese mismo año, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) indicaba que, en el ámbito rural, los prestadores de servicios de saneamiento, quienes gestionan las actividades de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, están presididos en un 95% por hombres y en un 5% por mujeres, según la ficha de diagnóstico del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento[6].
De igual manera, en lo que respecta a Consejos de Cuenca de Recursos Hídricos, entidades representativas y que ejercen un papel preponderante en la gestión del recurso, es evidente que la participación de la mujer es reducida.
Esto ha llevado a invisibilizar las necesidades de las mujeres y otros grupos vulnerables como niños y ancianos, en las decisiones tomadas para la gestión del recurso hídrico, especialmente en instancias locales o que tengan intervención en un ámbito determinado. Si bien se han venido dando progresos en instancias nacionales, es necesario replicarla en otros niveles de gobierno, asegurando que la paridad se garantice en todos los espacios de decisión.
Las mujeres como fuentes de información para el proceso de adaptación al cambio climático
Según la Organización de las Naciones Unidas por las Mujeres, entre el 2010 y 2016, 3300 millones de hectáreas de superficie forestal se perdieron en el mundo. Frente a este problema, las mujeres de las zonas rurales resultas especialmente perjudicadas. Indica, que su limitación, en cuanto a posesión de tierras, reduce su capacidad de adaptarse a las pérdidas o a tomar decisiones sobre cómo utilizar la tierra, pese a que los conocimientos sobre prácticas tradicionales son sostenibles[7].
De esta manera, las mujeres se han constituido como fuentes de información sobre las prácticas ancestrales que contribuyen a la sostenibilidad de sus actividades productivas. Un claro ejemplo son las mujeres usuarias del agua de la cuenca Chancay – Lambayeque, quienes desde hace trece años se reúnen anualmente para abordar temas de interés común sobre los desafíos que enfrentan como agricultoras y, además, se preparan a través del intercambio de conocimientos y capacidades[8].
Sus conocimientos de manejo de los ecosistemas y gestión de la tierra y el agua cuentan con un gran potencial para convertirse en prácticas a gran escala y con alto grado de replicabilidad en otros ecosistemas del país. Sin embargo, uno de los desafíos más significativos será aumentar representatividad en los espacios de generación y recojo de información técnica y científica.
Si bien la igualdad de género es un camino largo y con muchos pendientes en la lista para alcanzarla, durante los últimos años se han venido dando avances que, si bien son significativos, aún resultan insuficientes para poder obtener resultados en la gestión del país.
Ver además:
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