Foto: Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (Puinamudt).

Con cifras actualizadas a octubre del presente año, la Defensoría del Pueblo publicó en su Reporte de Conflictos Sociales en Perú que el 71.9% de los mismos son de carácter socioambiental. En total existen 167 conflictos sociales, de los cuales 120 son socioambientales.

Dentro de la variable socioambiental existen varias actividades productivas que originan los conflictos. La primera que encabeza la lista es la actividad minera con 77 casos (64.2%), hidrocarburos con 16 casos (13.3%), energía con 10 (8.3%), entre otras actividades con menores porcentajes.

Reporte de Conflictos Sociales en Perú Nº 164 – Octubre 2017.

Actualidad Ambiental conversó con Alicia Abanto, responsable de la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien resaltó que es una constante que dentro del total de conflictos sociales sean los de naturaleza socioambiental los que encabecen la lista, y de estos, el sector minero sea el que con mayor frecuencia está vinculado.

“Todos los años los conflictos socioambientales ocupan entre un 65%-75% del total de conflictos sociales. Ocupan casi las dos terceras partes del total. Por eso se hace necesario que se fortalezca el control ambiental en proyectos extractivos, en especial el minero, porque eso significa reducir el índice de conflictividad social”, explicó Abanto.

La responsable de ambiente y pueblos indígenas de la Defensoría explicó que en muchos casos los atenuantes de la conflictividad social tienen que ver con la débil fiscalización en los proyectos. “Para eso se debe mejorar la evaluación de los mismos y ejecutar de manera eficaz y transparente la consulta previa y la participación ciudadana”, apuntó Alicia Abanto.

Reporte de Conflictos Sociales en Perú Nº 164 – Octubre 2017.

El lote 192 es el caso más resaltante

El conflicto socioambiental vinculado al sector petrolero del lote 192 es el más resaltante del nuevo reporte de conflictos sociales. El nuevo acuerdo realizado en Andoas (región de Loreto) el pasado 31 de octubre entre las federaciones indígenas, que representan a las comunidades nativas afectadas por la contaminación petrolera, y el Estado solucionó por el momento la protesta indígena.

“Es una buena noticia que se haya acabado la movilización indígena mediante el diálogo, por supuesto. Pero también será una nueva etapa que probará qué tan capaz es el Estado en el cumplimiento del nuevo acuerdo y los acuerdos pasados que aún están pendientes”, resaltó Abanto de la Defensoría del Pueblo.

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