Fotos: Barbara Fraser (izquierda) / Amnistía Internacional (derecha)
A través de un informe, Amnistía Internacional denunció que “el gobierno peruano está desatendiendo la salud de cientos de personas indígenas cuyas únicas fuentes de agua están contaminadas con metales tóxicos y que carecen de acceso a atención de salud adecuada”.
La organización se refiere, de manera específica, a los casos de Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco), donde el Estado “ha incumplido su deber de proporcionar atención médica adecuada” pese a que “los estudios han concluido que las únicas fuentes de agua potable de estas comunidades se han contaminado con metales tóxicos nocivos para la salud humana”.
Contaminación petrolera
En Cuninico, según Amnistía, las mujeres afectadas sufren calambres en el estómago, ardor al orinar, alergias, erupciones cutáneas y abortos. Asimismo, afirman que sus hijos e hijas sufren muchos síntomas similares y en la escuela no se pueden concentrar.
“Un estudio realizado en 2014 por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) peruana reveló que los niveles de aluminio e hidrocarburos totales del petróleo en el agua de Cuninico superaban los permitidos para el consumo humano. En 2017 se realizaron otros análisis del agua, pero sus resultados aún no se han hecho públicos”, aseguró la organización.
El año pasado, un estudio realizado por el Ministerio de Salud “reveló que más de la mitad de la población de la comunidad tenía niveles anormales de mercurio en la sangre. También se detectaron niveles alarmantes de cadmio y plomo en algunas personas, entre ellas niños y niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición al mercurio y al plomo puede causar graves problemas de salud y daños irreversibles en el desarrollo fetal”.
Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, señaló que “el hecho de que las autoridades peruanas opten por no hacer casi nada ante la evidencia de que cientos de personas Indígenas han estado expuestos a metales tóxicos no sólo es cruel, sino que constituye una violación del derecho de estas comunidades a la salud”.
En el 2017, el Gobierno declaró una emergencia de salud pública en la zona, pero “no se han tomado medidas reales para proporcionar atención médica a las comunidades y abordar la contaminación del agua, lo cual incluye investigar la fuente de la contaminación”.
Contaminación en Espinar
Según Amnistía, los estudios realizados por las autoridades concluyeron que varias comunidades de Espinar han estado expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, y que sus únicas fuentes de agua están contaminadas.
“Las mujeres que viven en estas comunidades de Espinar se quejaban de constantes jaquecas, dolores de estómago, diarrea, irritación de los ojos y problemas respiratorios y renales”, aseguró Amnistía.
“Un estudio realizado en 2010 por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud concluyó que casi todos los miembros de la comunidad a los que se realizaron análisis tenían plomo, cadmio, mercurio o arsénico en la sangre. Se sabe que la exposición prolongada a estos metales tóxicos provoca una diversidad de problemas de salud crónicos, entre ellos pérdida de memoria, infertilidad, pérdida de visión, diabetes, enfermedades hepáticas, fallo renal y cáncer”, agregó.
Al igualo que en el caso de Cuninico, la organización afirmó que “el Estado peruano ha incumplido por completo su deber de proteger a las comunidades de Espinar y garantizar su derecho a la salud”.
“Al apartar la vista ante la desesperada situación de los pueblos indígenas, las autoridades están poniendo en peligro la salud y la vida de estas personas. Las autoridades deben garantizar que la población de Cuninico y Espinar tenga acceso a agua no contaminada y que las causas de la contaminación se determinen y se aborden”, concluyó Salil Shetty.
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