Foto (derecha): Javier Ruíz / Frente de Defensa «Salvemos Chaparri» (Mongabay)

* Los denunciantes, de la comunidad campesina  Muchik Santa Catalina de Chongoyape, piden apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía para echar a los invasores y garantizar la seguridad de los que protegen los bosques secos y toda su biodiversidad. 

El pasado jueves 25 de mayo, la Reserva Ecológica Chaparrí, ubicado en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo (Lambayeque), fue escenario de un hecho de violencia que puso en riesgo no solo a un grupo de conservacionistas, sino además de trabajadores del Estado que fueron a constatar la tala ilegal e invasión en la zona que desde el 2001 fue declarada como la primera Área de Conservación Privada (ACP) del país.

Uno de los más afectados fue el fotógrafo Heinz Plenge, quien fue golpeado en la cabeza hasta sangrar, además le robaron su cámara profesional, solo por ser uno de los que encabezaba la comitiva que verificaba cómo un grupo de invasores había depredado el bosque en el sector Pampa Yaipón, para realizar cultivos. Junto a la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Plenge fue uno de los promotores para crear esta área ecológica e incluso fue premiado por ser un visionario de la conservación en el Ministerio del Ambiente (Minam).

Además del fotógrafo, también fue agredido el personal del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y otras personas que integraban la comitiva, de acuerdo a la información de la prensa local. Los agentes policiales que acompañaron esta diligencia tuvieron que realizar disparos al aire porque la situación estaba saliéndose de control.

Ver informe local:

Según algunos integrantes de la comunidad campesina perjudicada, son dos sectores los que han sido invadidos. Estos lugares se encuentran al norte del ACP y en total, la zona afectada, suma unas 1200 hectáreas.

El ACP Chaparrí posee 34 412 hectáreas y es la segunda más grande después de Los Chilchos (46 mil has), ubicado en Amazonas. Su fin es conservar los bosques secos tropicales y, especialmente, especies como la pava aliblanca y el oso de anteojos. La creación de este espacio, además, permite generar oportunidades económicas para la población que habita dentro de ella.

Sobre los invasores

En conversación con Actualidad Ambiental, comuneros de Muchik Santa Catalina, señalaron que uno de los principales invasores sería Segundo Francisco Barrantes Paiva, quien paulatinamente se habría apoderado de unas 1100 hectáreas de terreno de la Reserva Ecológica en el Sector 3.

Barrantes Paiva ya había sido denunciado en marzo del año pasado por la misma razón, pero él alega que el terreno le pertenece y que tiene los papeles en regla, sin embargo los comuneros afirman que el denunciado no tiene los documentos que afirma tener, como sí lo tiene la comunidad.

“El año pasado también invadió pero fue expulsado. Luego, esperó que las lluvias pasen para invadir nuevamente y meter maquinaria. Ha talado el terreno y lo ha dejado pelado, ya no hay árboles”, señaló uno de los integrantes de la comunidad.

A esta zona invadida por Barrantes, se suma otra ubicada a menos de un kilómetro. Esta vez, los ocupantes son personas que afirman pertenecer a la comunidad. “Estos dicen ser comuneros, pero son comuneros truchos. Estos señores ya han sembrado incluso dentro del área de conservación, igual han talado sin permiso de ninguna autoridad”, afirman los comuneros afectados.

¿Dónde se ubica Chaparrí?

Cabe destacar que en los últimos años, la comunidad campesina ha tenido problemas en la dirigencia. Algunos integrantes que hoy defienden el área de conservación, acusan a la dirigencia de Lázaro Rojas por presuntos intentos de división para favorecer las invasiones.

En el 2015, Rojas fue acusado de expulsar a varios fundadores de la comunidad para que estos no puedan participar en las decisiones importantes. Asimismo, habría inscrito a varios falsos comuneros para tener un aparente respaldo de la población.

En la actualidad, los comuneros que defienden el área afirman que los intentos de depredación siguen y continuarán hasta que las autoridades decidan apoyarlos porque se sienten inseguros.

“Necesitamos el respaldo de la Policía Nacional. Hacemos un pedido al Ministerio del Interior para que garantice nuestra seguridad porque, así con sinceridad, estas personas actúan como delincuentes, nos amenazan constantemente”, dijo un comunero que prefiere quedar en el anonimato.

“Autoridades deben articular acciones”

Bruno Monteferri, director de Conservamos por Naturaleza de la SPDA, explicó que la ACP Chaparrí “consolidó los lineamientos para la creación de las ACP. Abrió la cancha, para lograr que ahora tengamos más de cien áreas de conservación privada en todo el país que suman un cuarto de millón de hectáreas”.

Sin embargo, el especialista aclara que, si bien el Minam da el reconocimiento oficial para la creación de un ACP, “en un plan ideal el Sernanp debería darte asesoría técnica, apoyo en momentos positivos y difíciles, o deberían cumplir un rol de articulación para apoyar en el caso de situaciones que atenten contra la zona, pero no lo hace porque no es su función”.

Pese a ello, agrega Monteferri, “cuando hacen un registro de cuántas hectáreas están conservando a nivel nacional, incluyen a las ACP, pero cuando deben poner de su parte para ayudar a protegerlas, no hacen lo suficiente”.

Para el director de Conservamos por Naturaleza, se requiere un acompañamiento más cercano de las autoridades, una respuesta más inmediata por parte de la Policía Nacional, así como de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) y del propio Serfor.

“Falta más articulación de parte de las autoridades y hacer cumplir la ley. Además, faltan quizás algunas normas que contribuyan a fortalecer la figura de las ACP, ya es tiempo de volver a mirar esta figura de conservación, de fortalecerla”, concluye el especialista de la SPDA.