En conferencia de prensa, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) rechazó la iniciativa del grupo parlamentario Fuerza Popular que busca modificar la Ley de Consulta Previa que -según los fujimoristas- “obstaculiza la continuidad y ejecución de nuevos proyectos”.

“Rechazamos esta iniciativa fujimorista que dice que la consulta traba las inversiones. La consulta es un derecho y no un favor”, expresó Jamner Manihuari vicepresidente de la organización indígena nacional.

Manihuari anunció que de intentar aprobarse este proyecto de ley, los pueblos indígenas se declararán en movilización desde sus territorios. “Esta Ley de Consulta que a los pueblos nos ha costado sangre, no la pueden modificar así no más, mucho menos en contra de nosotros”, enfatizó.

El proyecto de ley, presentado por la congresista Úrsula Letona, plantea variar el artículo 2 de la Ley 29785 a fin de omitir la consulta previa en situaciones donde exista un contrato, convenio o acuerdo entre un pueblo indígena y la empresa privada.

El artículo 2 señala:

“Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa
sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus
derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o
desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes,
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente
estos derechos.
La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma
obligatoria solo por el Estado.”

Y el partido fujimorista pretende agregar este párrafo:

“En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa, ni tampoco cuando se cuenta con autorización previa conforme a Ley, se omite la consulta previa, haciéndose extensiva a todas sus etapas.”

Al respecto, el exviceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, manifestó su desacuerdo con la propuesta. Explicó que “el derecho a la consulta previa no está vigente desde el 6 de diciembre de 2011 (fecha en que entró en vigencia la Ley de Consulta Previa) sino desde febrero de 1995, cuando entró en vigor para el Perú el Convenio 169 de la OIT”.

Asimismo, sostuvo que “el proyecto introduce una figura aún más imprecisa de ‘autorización previa’ (no señala quién autoriza y a qué autorización se refiere), que sería diferente al supuesto anterior, y que también limitaría de forma arbitraria el derecho a la consulta previa, lo cual resultaría también contrario a dicho derecho”.

“Los procesos de consulta previa no se dan una sola vez durante un proyecto. El propio Convenio 169 de la OIT indica (artículo 15°) que debe hacerse consulta antes de la exploración y antes de la explotación de los proyectos extractivos. En otros casos como las ampliaciones de los proyectos que impliquen afectar derechos de los pueblos indígenas –por ejemplo porque necesitan usar nuevas tierras indígenas– deberán someterse a un proceso de consulta previa, incluso si hubo uno anterior cuando inició el proyecto”, sostuvo Lanegra.

Además explicó que “esta modificación legal que se propone requiere de un proceso de consulta previa del proyecto de ley con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas del país”.

“Este proyecto debería ser retirado lo antes posible. Desde luego es posible discutir sobre cómo mejorar la Ley de Consulta Previa, pero eso debería hacerse dialogando primero con los propios Pueblos Indígenas. Es un asunto de derechos”, precisó.