Desde hace más de 20 días, la situación en el Lote 1AB –operado por la empresa Pluspetrol Norte S.A.– es tensa debido al paro indefinido convocado por comunidades indígenas de la zona, y porque los puentes de diálogo se rompieron la semana pasada.

Hasta el momento, unas 8 embarcaciones han sido detenidas por el cierre de la cuenca del río Tigre, y una similar situación se vive en las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza.

Los pobladores de la Comunidad de Pampa Hermosa (cuenca del río Corrientes) se movilizaron hasta el pozo Jibarito el 26 de enero, donde ahora más de 380 indígenas achuares paralizaran la producción de 14 pozos petroleros.

Las comunidades exigen la compensación por el uso de tierras, de la misma manera que lo han hecho con nueve comunidades nativas aledañas a Pampa Hermosa. Según la empresa, las medidas de fuerza han ocasionado hasta el momento la pérdida de producción de crudo de petróleo que alcanza los 3100 barriles por día en la batería de Jibarito.

Frente a esta situación, Pluspetrol informó que a las nueve comunidades sí les corresponde la compensación porque se encuentran cerca de las instalaciones petroleras y en la zona de influencia, pero Pampa Hermosa no es una de ellas.

“El país se ha beneficiado más de 40 años por la explotación petrolífera en esta zona. Sin embargo nosotros vivimos en la pobreza, el Estado no ha invertido en educación ni salud. La empresa viene contaminando los bosques y ríos. La población sigue consumiendo agua y alimentos contaminados”, afirmó el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), Carlos Sandi.

Paralelamente, los pobladores de la cuenca del río Tigre reclaman la justa compensación por el uso de territorios. Ellos han recibido una propuesta de pago pero para ellos es “irrisoria”. Sin embargo, Pluspetrol señala que tampoco se encuentran dentro de la zona de influencia.

NO LLEGARON A UN ACUERDO Y OEFA DETECTÓ IMPACTOS

Los representantes de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, tras la reunión que se realizó en Iquitos el 27 de enero, con una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, no llegaron a un acuerdo sobre el pago de servidumbre petrolera.

Las cuatro cuencas demandan indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, depuración de los lugares contaminados y elaboración de un diagnóstico integral para dar solución a los conflictos de la zona.

Para sumar a esta situación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), dio a conocer públicamente el informe 411-2014-OEFA/DS-HID, de fecha 20 de octubre de 2014, sobre la situación ambiental del lote 1AB. En el documento, que contiene las acciones de supervisión y monitoreo efectuadas entre los años 2012 y 2014, se resaltan deficiencias en la gestión ambiental, y se muestran instalaciones en desuso que no cumplirían con los estándares requeridos en la normativa.

De igual forma, el OEFA informó que se identificaron impactos en el suelo, aire y agua. Asimismo, se detectó 92 sitios impactados en todo el lote 1AB (38 cuenca del río Pastaza, 17 cuenca del río Corrientes y 35 en la cuenca del río Tigre).

La jefa de la oficina desconcentrada de OEFA en Loreto, Mirella Pretell, agregó que la remediación de estos 92 sitios debe incorporarse al Plan de Abandono de Pluspetrol, cuyo contrato vence el 29 de agosto de este año.

Tras la publicación del informe de OEFA, Pluspetrol presentó una medida cautelar, solicitando la suspensión temporal de la eficacia jurídica de este informe.

OEFA respondió que el ejercicio de fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos.

Posteriormente, el 3 de febrero último, el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, viajó a la zona de conflicto para verificar el estado del conflicto. Luego, en una conferencia de prensa realizada el 4 de febrero, declaró: “Es necesario conocer la realidad de las comunidades del río Tigre, una cuenca olvidada y castigada por los últimos cuarenta años. El Estado debe marcar una posición para remediar estos territorios”.

Desde el 7 de febrero, las comunidades asentadas en la cuenca del río Tigre, suspendieron las medidas de lucha, esto debido a que se acordó la instalación de una mesa de diálogo para el hoy lunes 9 de febrero.

Sin embargo en la cuenca del río Corrientes, siguen las medidas de fuerza hasta que sus peticiones sean atendidas y solucionadas a la brevedad.
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Foto: PCM