En un comunicado, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) señaló que hace siete años el Estado peruano aún no garantiza los derechos humanos de los afectados por la contaminación ambiental del complejo metalúrgico de La Oroya. Esto se reflejaría, según la organización, en que las mencionadas personas aún no reciben la atención médica que necesitan.

“Han transcurrido siete años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de las personas afectadas por la contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya. Las y los afectados, incluidos niños y niñas, aún no reciben toda la atención médica requerida y su salud continúa en deterioro”, indica la organización.

Como se recuerda, el 31 de agosto de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 65 moradores de La Oroya, cuya salud resultó afectada por altos índices de contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú.

“Dada la grave y urgente situación, la Comisión solicitó al Estado peruano realizar las acciones necesarias para que las personas afectadas reciban un diagnóstico y tratamiento médico especializado cuando se demostrara que su integridad personal o su vida están en peligro de daño irreparable”, señala el comunicado.

HUBO AVANCES PERO SE RETROCEDE

AIDA también incida que hubo avances en la atención médica a los beneficiarios de las medidas, pero estos aún no han recibido la atención integral y especializada requerida. Asimismo, indicaron, existe un grave riesgo de retroceso: “A la fecha, la Estrategia Sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, la cual opera en el Centro de Salud de La Oroya, no tiene el presupuesto asegurado a partir de septiembre y para el resto del año”.

“La Estrategia es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares pues de ella depende el diagnóstico y el tratamiento médico especializado para los beneficiarios. Sin presupuesto, la continuidad del personal médico que atiende no sólo a los beneficiarios, sino a toda la población de La Oroya, es inviable”, sostiene la organización internacional.

Al respecto, la abogada de AIDA, María José Veramendi, señaló que “las medidas cautelares siguen vigentes y, tras siete años, no han sido cumplidas a cabalidad. Sin embargo, el Estado insiste en solicitar su levantamiento pese a que la salud de la población está en deterioro y riesgo constante”.

DERECHOS NO SE RESPETAN

Por otro lado, la CIDH continúa estudiando la demanda presentada en 2006 por violaciones de derechos humanos del mismo grupo de personas. El caso se fundamenta en la omisión del Estado peruano para controlar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico y proteger la salud y demás derechos de las personas afectadas. “Lamentablemente, la situación de estas empeora y cinco años después de haber admitido la demanda, la CIDH aún no ha tomado una decisión final”, acotó Veramendi.

Según AIDA, uno de los afectados (cuyo nombre se mantiene en reserva) comentó que “el paso del tiempo nos afecta cada vez más. Nuestras dolencias están empeorando. Durante este tiempo, hemos perdido a muchos compañeros y hemos visto a nuestros hijos enfermarse”.

Actualmente el complejo metalúrgico está en etapa de “liquidación en marcha”. Ello quiere decir que sus operaciones no se detendrán mientras se realiza su venta. Sin embargo, en mayo, el complejo tuvo que suspender sus operaciones porque sus proveedores dejaron de abastecerle de concentrados debido a los problemas económicos de la empresa.

“Aunque las operaciones estén detenidas, las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las personas ya se han consumado. Por tanto, el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar que la empresa y sus nuevos dueños cumplan con sus obligaciones ambientales”, señaló Jorge Abrego, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

NOTA:

• AIDA es una organización internacional ambiental que por más de 15 años usa las leyes para defender el derecho a un ambiente sano en el continente americano. AIDA trabaja para acortar la distancia entre la salud ambiental y la humana, y para contrarrestar los proyectos de infraestructura a gran escala que amenazan los ecosistemas naturales y a las comunidades que dependen de ellos.

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Ver además:

[(Descargar) Informe sobre La Oroya: cuando la protección de los inversores amenaza los derechos humanos]