Texto de Alan Díaz y Luis García / Oficina de Madre de Dios – SPDA

A poco más de dos meses de haberse emitido los Decretos Legislativos para combatir la minería ilegal en el país, muchos mineros del departamento de Madre de Dios, que fueron intervenidos en sectores como La Pampa y Huepetuhe, han buscado nuevos lugares para continuar con sus ilícitas actividades.

Este hecho fue informado al Consultorio Jurídico Gratuito de la SPDA (CJG), a través de personas afectadas por mineros ilegales en sus predios privados. Dichas invasiones se vienen produciendo en el Centro Poblado de Quincemil, ubicado en el distrito de Camanti, provincia de Quispicanchis (Cusco).

Quincemil, ubicado a 873 msnm, es una zona que concentra un número importante de microclimas, así como un volumen generoso de precipitaciones, convirtiéndolo en un lugar perfecto para el cultivo de orquídeas y plantas medicinales. “Este maravilloso ecosistema se está degradando día a día a causa de la minería que deforesta extensas hectáreas de bosque, contamina ríos y degrada los suelos para el cultivo de alimentos de consumo directo de la población local”, nos comentó un ciudadano de la zona.

Ante los hechos denunciados, el equipo del CJG viajó a la zona. En la carretera camino a Cusco, observamos a más de 30 máquinas pesadas (entre cargadores frontales y retroexcavadoras Hyundai y Caterpillar) trabajando a orillas del río Inambari sin adoptar visiblemente ninguna medida de seguridad laboral y medioambiental; inclusive a escasos metros de la misma carretera, como es el caso de las zonas adyacentes a los puentes «El Dorado», «Palo Santo» y «Fortaleza».

Ya en Quincemil, pudimos constatar la presencia de diversa maquinaria en el tramo de la carretera que cruza dicho centro poblado. Algunas, inclusive estaban estacionadas al lado de las lozas deportivas donde los alumnos del Colegio Rosa de América practican educación física. Sin embargo, todo ello parece ser parte de la vida cotidiana de la población. Las madres caminan alrededor, los niños juegan y el oro se vende en casas aledañas sin mayores sobresaltos. Y es que Quincemil es un pueblo de mineros artesanales por tradición, tanto así que en su Plaza de Armas se erige un monumento en honor al minero artesanal local.

En efecto, Camanti siempre fue un distrito minero, sin embargo dadas sus características y costumbres, esta actividad se realizaba de forma artesanal. La ola de invasiones proveniente de Madre de Dios ha agravado los impactos ambientales y contaminación de los recursos hídricos y sus cuencas. Ello principalmente debido al inadecuado manejo de mercurio y el indiscriminado movimiento de tierras realizado con maquinaria pesada como cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes entre otros. Es evidente que no se cumple con las características técnicas para considerar esta actividad minera como de tipo artesanal o a pequeña escala; mucho menos se adecúan a los estándares ambientales exigidos por la autoridad competente.

KITARI

Kitari es un sector de Camanti que tiene un río con el mismo nombre. Actualmente dicha zona es la más afectada por la minería ilegal. Para poder ingresar alquilamos un «Expreso 4×4» y subimos un camino de piedras y riachuelos en medio de la vegetación. Estos riachuelos parecían ser producto del desvío del cauce natural del río hecho por la maquinaria pesada que opera en los alrededores.

Luego de poco más de una hora de camino selva adentro, el panorama fue desolador: en medio de la espesura del bosque se levantan cerros de desmonte y piedra, y piscinas de relave minero. Al fondo están los cargadores frontales y retroexcavadores que continuaban comiendo bosque, amenazando con llegar a La Encañada y continuar con la destrucción de más ecosistemas, sin que exista ninguna autoridad que ponga orden en la zona.

Una minera del lugar nos indicó que todas esas zonas se encuentran concesionadas legalmente a un minero de apellido Quispe, quien concentraría la mayor parte de las cuadrículas. “Hace 6 años vinieron supuestamente a censarnos, pero en verdad venían a ver cuánto territorio se podía concesionar sin tomar en cuenta que nosotros venimos trabajando acá por años”, nos comentó un habitante de la zona.

Ante esta situación de desinformación entre los actores de esta dinámica, se han presentado constantes tensiones entre los mismos pobladores. Es así que muchos mineros de Madre de Dios y otras zonas han aprovechado esta coyuntura y, en complicidad de las “familias mineras con mucho poder”, amenazan y amedrentan a la población para que trabajen oro en parte de sus tierras e invitan a mineros chinos, coreanos, ecuatorianos y de diversas partes del país, en su mayoría proveniente de Huepetuhe e Inambari, incrementándose el caos y los conflictos sociales. Esta situación en tierras invadidas por la avaricia y la contaminación se agrava debido a la escasa presencia del Estado en la zona.

NO HAY DERECHO

Nuestra constitución política reconoce el derecho de toda persona a la paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por su parte, la Ley General del Ambiente establece que el Estado –a través de todas sus instituciones– tiene el deber de intervenir de manera inmediata cuando haya peligro grave contra el medio ambiente, en estricto cumplimiento del Principio Precautorio que establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. Si esto no se cumple no sólo se vulneran los derechos de todos los habitantes de Quincemil, sino de todos los peruanos.

Urge, entonces, iniciar acciones de interdicción en Quincemil, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Legislativo 1100. Con ello se conseguirá desalojar a los mineros ilegales, así como la destrucción y decomiso de la maquinaria con la que operan de forma ilegal. Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que el Estado inicie en foros administrativos, civiles o penales a que hubiera lugar.

Una adecuada lucha contra la minería ilegal y la degradación ambiental a causa de otras actividades ilícitas, no sólo depende de un marco legal fuerte, sino también de que el Estado pueda garantizar su presencia en los lugares más remotos del país, bajo un único discurso, actuando como un verdadero garante del Estado de Derecho, en estrecho diálogo y coordinación –gobernanza– con la sociedad civil y sector privado. De lo contrario seguirá imperando el caos, la contaminación y “la ley del más fuerte”, incrementando la conflictividad interna en desmedro del futuro sostenible de poblaciones rurales. Es deber del Estado salvaguardar y garantizar una adecuada explotación de los recursos naturales en la zona, caso contrario estaremos frente a un nuevo Huepetuhe.
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Fotos: Luis García y Alan Díaz