Gracias al asesoramiento y el apoyo legal necesarios, en los últimos meses diversos pobladores supieron hacerle frente a la minería ilegal en Madre de Dios, haciendo respetar sus predios. Este es el caso de las comunidades ubicadas en el sector denominado La Pampa.

Gracias al asesoramiento del Consultorio Jurídico Gratuito, los pobladores han protegido sus predios que originalmente fueron destinados para actividades como la agricultura, concesiones forestales, entre otros. De estos, se destacan cuatro casos emblemáticos que han sentado un precedente con el fin de combatir la impunidad y promover la justicia ambiental en esta región amazónica.

Uno de estos casos es el de Ely David Carhuarupay Hualpa y Elizabeth Tuero Carbajal, quienes fueron denunciados por Francisca Quispirrimachi Huamán (titular de una concesión minera), por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación y el delito de violación de la libertad personal, señalando que se vulneraba su derecho de posesión derivado de su título de concesión minera.

Con la asesoría del Consultorio, los denunciados pudieron hicieron prevalecer su derecho sobre el terreno -donde realizaban sus actividades agropecuarias-, demostrando que la concesión minera se superponía al derecho de posesión. Los denunciados contaban con la respectiva constancia de posesión y, luego de un proceso legal, el caso fue archivado.

Otro de los casos emblemáticos es el de las actividades mineras ilegales en un predio privado destinado a la investigación biológica CICRA-ACCA, en donde se advirtió actividades como deforestación no autorizada, quema y tala ilegal.

El Consultorio Jurídico asumió la defensa legal e instó la denuncia penal ante la fiscalía especializada de asuntos ambientales de Madre de Dios. Hasta la fecha no se identificó a los presuntos responsables y con ello el fiscal dispuso el archivo transitorio de la investigación.

El tercer caso está referido a una concesión de castaña afectada por delitos contra el ambiente. En agosto de 2010, fue invadida por mineros ilegales, quienes manifestaron que contaban con las autorizaciones legales y alteraron el ecosistema de la zona.

El titular de la concesión castañera Wilmer Palomino Córdova y su familia denunciaron los hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, la Dirección Regional de Agricultura, el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, así como a la y Dirección Regional de Energía y Minas.

Gracias a ello, en septiembre de 2010, con la presencia de dicha Fiscalía, la Policía y los vecinos de Unión Progreso, desalojaron a seis personas que realizaban actividades mineras ilegales. Se decomisaron además 4 motores. Esto permitió que se formalizara la investigación preparatoria en la Fiscalía especializada en asuntos ambientales.

El cuarto caso emblemático es el referido a la superposición de 2 petitorios mineros con un predio considerado como potencial Área de Conservación Privada (ACP). La familia Corisepa Shimbo propietaria del predio viene tramitando el reconocimiento de parte del mismo como ACP, para lo cual ya se han llevado a cabo los estudios biofísicos y elaborado su correspondiente expediente.

Parte del predio se encuentra ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Uno de los petitorios mineros se superpone en parte con dicha zona de amortiguamiento y el otro se encuentra fuera de ella. El Consultorio Jurídico viene solicitando la desestimación de los pedidos de concesión minera debido a que el área debe ser protegida.

El Consultorio Jurídico Gratuito es impulsado por el Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El Consultorio absuelve las consultas legales relacionadas al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, tanto en la oficina como en campo, facilitando el acceso a la justicia ambiental a los beneficiarios.