El Presidente de la República, Ollanta Humala, y el Presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, remitieron al Presidente del Congreso un proyecto de ley -para su respectiva discusión en el Pleno- que tiene como finalidad Delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de minería ilegal en el país.

Según el Proyecto de Ley, el Ejecutivo se encargaría de dirigir, por 120 días, las acciones para regular todas las actividades relacionadas a la minería ilegal que en los últimos años está no solo afecta a la biodiversidad de nuestro país, sino también trae consigo diversos problemas sociales como la prostitución, evasión de impuestos, explotación laboral, el crimen organizado, trata de personas, entre otros.

De aprobarse el proyecto de ley, el Ejecutivo se encargaría de regular las zonas de exclusión minera, la suspensión de concesiones, el uso de dragas y de otras herramientas usadas en esta actividad. Asimismo, realizaría las gestiones correspondientes para abrir procesos penales a quienes incurran en delitos relacionados a la afectación del medioambiente y crímenes que se relacionen a la actividad minera, entre ellos el lavado de activos.

El Ejecutivo también propuso modificar la legislación “que regula el proceso de pérdida de dominio para ampliar sus alcances a los delitos vinculados a la minería ilegal, fortalecer la investigación y procedimiento, así como perfeccionar la incautación, decomiso y destrucción de los objetos, instrumentos o efectos del delito y su administración”.

Asimismo, regular la distribución, transporte, posesión y comercialización de los insumos químicos que puedan ser usados en la minería ilegal.

Para la presentación de este Proyecto de Ley, el Ejecutivo expone como principales motivos la urgencia de frenar la minería ilegal que, hasta el momento, viene causando estragos en el ambiente y salud de las personas en 13 regiones del país, entre ellos Madre de Dios, Piura, La Libertad, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.

“La minería ilegal impulsada por organizaciones criminales, tiene un serio impacto negativo en el medio ambiente de las áreas donde se desarrolla, produciendo efectos irreversibles o de muy alto costo económico y social. El daño que produce su existencia afecta seriamente a nuestra comunidad y el Estado no puede permanecer indiferente ante esta actividad lesiva”, señala el documento enviado ayer al Presidente del Congreso, Daniel Abugattás.

Al respecto, César Ipenza, del Programa de Conservación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) sostuvo que “resulta pertinente que se planteen medidas y lineamientos técnicos para que se definan estas posibles zonas de exclusión minera y posteriormente de dotar mayores recursos para que se ejecuten las acciones que se pretenden normar”.

“Hay que acotar que esta ilegal actividad en la Amazonía ya no sólo está en Madre de Dios, sino en regiones como Huánuco (incluso dentro de la Reserva Comunal El Sira), Ucayali, Loreto y Amazonas y si no se detiene y dan estas medidas urgentes e importantes, puede llegar a destruir gran parte de nuestra Amazonía”, agregó.

Proyecto de Ley para delegar a Ejecutivo facultades para legislar en materia de minería ilegal