Escribe Juan Luis Dammert / Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales – SPDA

En el 2011 se cumplen 40 años de extracción de petróleo en Loreto. Esta actividad ha transformado este departamento, y ha supuesto enormes impactos económicos, sociales, ambientales y políticos. Aprovechando este importante aniversario, la SPDA, el Grupo Propuesta Ciudadana, el IIAP, WWF, el Colegio de Economistas de Loreto, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la Red Anticorrupción de Loreto tuvieron la iniciativa de organizar un evento de reflexión y debate sobre lo que ha significado para Loreto la extracción de petróleo durante este periodo: los principales hitos de la actividad, la situación actual y los retos hacia el futuro del sector. El evento se dio el 27 y 28 de octubre de 2011, y reunió a autoridades, representantes de empresas, de pueblos indígenas, expertos y sociedad civil en general.

En este artículo enuncio, de manera preliminar, algunas de las lecciones y temas de debate que surgieron de la discusión en el evento. En realidad, la discusión sobre la significancia de los 40 años de extracción de petróleo en el departamento más grande del país debe abrir un debate en profundidad, en la perspectiva de que las lecciones sean recogidas e incorporadas a la política pública.

Hay una primera lección general de carácter histórico: no repetir los errores de la era del caucho. La historiadora Frederica Barclay señaló que ambos periodos tienen puntos en común: el carácter extractivo; su avasallamiento y subordinación a las economías locales sin establecer vínculos articuladores; el consumo voraz de los recursos locales; su evolución a la manera de “booms”, al punto que no se promueve ninguna otra actividad y que la administración se hace completamente dependiente de los ingresos que la actividad extractiva de turno genera.

Una segunda lección tiene que ver con la constatación de que la extracción de petróleo tiene enormes consecuencias territoriales, y que estas deben preverse en una lógica de desarrollo integral, tanto rural como urbano. Como señaló el antropólogo Albert Chiriff, el impacto sobre la estructura demográfica de la región fue severo por la gran cantidad de trabajadores que atrajo, quienes terminaron afincándose en Iquitos después del retiro de las empresas que exploraron sin éxito en el boom inicial, o al culminar la construcción del oleoducto norperuano. Barclay coincidió al señalar que la actividad creó “un inmenso mercado de trabajo para la población rural que era contratada para matear, abrir trochas y mitayar para los ejércitos de trabajadores que laboraban para estas empresas, incluido Petroperú”.

Una tercera lección tiene que ver con el tema del canon, reconocido para Loreto en 1976 (por lo que estamos en su aniversario 35). La historia demuestra que las gestiones de autoridades y organizaciones civiles de Loreto han sido fundamentales para conseguir ingresos por concepto de canon. Sin embargo, con el tiempo el gobierno central se limitó a transferir a Loreto los recursos del canon dejando a la región sin el derecho a un presupuesto regular. El canon petrolero, además, ha acentuado la dependencia del departamento de los ingresos por la extracción de recursos. Y más aun, la percepción generalizada es que los ingentes recursos no se han traducido en beneficios para la población ni en la eliminación de las brechas sociales regionales. En esta perspectiva, un ajuste pendiente tiene que ver con el mecanismos de distribución interna del canon en Loreto, para que este llegue en mayor proporción a los distritos donde se produce la extracción del recurso.

Una cuarta lección, referida a los impactos ambientales y sociales, es que las mejoras en los marcos regulatorios han sido producto del conflicto y la movilización de grupos sociales, antes que la iniciativa del Estado o de las empresas. Cuando se inició esta etapa del ciclo petrolero, no solo no existía una regulación ambiental, sino que no existía una legislación que protegiera los derechos de los pueblos indígenas. Las empresas desplazaban sin miramientos a las comunidades asentadas en zonas escogidas para la perforación o instalación de campamentos.

De acuerdo con Chiriff, desde la década de 1980 existen informes de organismos del propio Estado dando cuenta de los estragos generados por la contaminación, tanto en los ecosistemas como en la salud de los pueblos indígenas. Las acciones emprendidas para remediar los problemas ocasionados por la contaminación fueron sumamente débiles, al punto que fue recién en el año 2006 (ya con la presencia de Pluspetrol Norte operando los lotes 8 y 1AB) que la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), tomó la decisión de capturar los pozos y campamentos, “con la finalidad de exigir al Estado y a la empresa adoptar medidas de urgencia para frenar los daños al ambiente y a la salud de las personas e iniciar un plan de recuperación de ambos”.

La toma de las instalaciones duró algunas semanas y el Estado estuvo a punto de recuperarlas mediante una incursión violenta de la policía antimotines, lo cual felizmente no prosperó, sino que se procedió a la firma de la emblemática Acta de Dorissa. Con ello Pluspetrol se responsabilizó por reinyectar las aguas de formación, remediar los pasivos ambientales e invertir en mejoras para la atención de la salud, esto último a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA); mientras que el Estado, mediante el Gobierno Regional de Loreto (GOREL), asumió ejecutar el componente de desarrollo.

En este sentido, Manuel Pulgar-Vidal señaló que la agenda ambiental en el Perú se ha visto dinamizada, especialmente en Loreto, por los conflictos, siendo el ejemplo más significativo el que desembocó en el Acta de Dorisa. El desafío pendiente es convertir estos acuerdos en políticas públicas.

Teniendo en cuenta los enormes pasivos ambientales y sociales, que estigmatizan a la actividad hasta hoy, una lección para las empresas es que sus consideraciones ambientales y sociales no se pueden limitar a cumplir con las obligaciones legales, sino que deben trascender estas en la perspectiva de mitigar los impactos ambientales y construir relaciones armoniosas con los habitantes de las zonas de extracción. Como explicó Daniel Guerra, Gerente de Relaciones Institucionales de Pluspetrol, la única forma de que la actividad sea posible es viviendo en paz con las comunidades nativas, pero señaló que estas deben entender que si bien la empresa tiene responsabilidad social, no puede reemplazar al Estado.

Actualmente, se prevé un nuevo boom petrolero en Loreto con la entrada en operaciones de la empresa Perenco en el Lote 67, al este del lote 1AB, que empezaría a producir en el año 2013 y permitirá superar el déficit nacional de balanza comercial de hidrocarburos, convirtiendo al Perú en un país exportador neto de petróleo. Es decir, con este lote, la extracción de petróleo en Loreto volverá a ser un tema de importancia no solo regional sino nacional.La operación de Perenco, además, supondrá la ampliación del ramal nortel del oleoducto.

Respecto al oleoducto, una lección que debemos recoger está referida a su financiamiento: el crédito japonés tomado por el Estado peruano en los setenta resultó en el tiempo en un costo elevadísimo, siendo un componente fundamental de la deuda externa que el Perú paga hasta la actualidad.

De esta manera, el ciclo petrolero ha tenido un enorme impacto en la configuración actual de la región. En estos 40 años Loreto ha pasado a definirse como un espacio petrolero, dependiente de sus rentas y afectado por las prácticas de la industria. Al mismo tiempo, el petróleo ha definido en gran medida las pautas de distribución espacial de la población, y los criterios de inversión. Es, definitivamente, la actividad económica más importante de la región, y posiblemente la que ha tenido mayores impactos. Las lecciones aquí identificadas no son, por supuesto, las únicas, pero sí deben ser un punto de partida para un debate regional y nacional que genere la incorporación de las lecciones en la política pública.

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Foto: Diario 16