En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado hoy en todo el mundo, diversas organizaciones coincidieron en que nuestro país aún tiene pendiente una serie de retos que favorezcan y garanticen el bienestar de estas poblaciones, los cuales serán posibles mediante un conjunto de normas que deben consensuarse y discutirse en este nuevo Gobierno.

Para el especialista del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Ramón Rivero, el Perú ha avanzado en cuanto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, suscribiéndose incluso a tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, pero aún queda una agenda pendiente.

“En los últimos días hemos escuchado a algunos representantes del gobierno hablar de la necesidad de contar con las normas que desarrollen el derecho a la consulta, pero no sólo en función de los pueblos indígenas sino del resto de la población involucrada en un proyecto de desarrollo”, indicó Rivero.

Para el especialista de la SPDA, sin embargo, “no es lo mismo hablar de participación ciudadana que de consulta”.

Rivero sostiene: “El derecho a la participación -en la vida económica, social y cultural de la nación- involucra tanto a indígenas como al resto de la ciudadanía. Esto se traduce, por ejemplo, en la posibilidad que tienen todos de poder elegir y ser elegidos, de participar en referéndums, revocatorias de autoridades, presentar iniciativas legislativas, así como participar en los procesos informativos, recojer observaciones en la elaboración de EIAs, y acompañar y vigilar proyectos de desarrollo antes, durante y después de su ejecución. Claro está que hace falta mejorar las condiciones para el ejercicio de este derecho”.

Por ello, agrega: “El Convenio 169 de la OIT -que es exclusivamente para indígenas- desarrolla una diversidad de derechos, entre ellos la consulta informada, libre y previa frente a proyectos de desarrollo con el fin de respetar derechos fundamentales propios de los pueblos indígenas. Esto no significa que el Convenio 169 -como norma de rango constitucional en nuestro país- deba regir para toda la ciudadanía”.

“Hemos tenido un proyecto de ley sobre Consulta aprobado en el anterior Congreso, pero fue observada por el Ejecutivo. El reto del actual Congreso es rescatar dicho proyecto de ley y generar la confianza y los consensos políticos tanto al interior del Parlamento como fuera de él con las organizaciones indígenas, buscando beneficiar el respeto y protección de sus derechos así como a la gobernabilidad y nuestro desarrollo sostenible”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, informó que esta semana enviarán una petición a cada una de las bancadas del nuevo Congreso peruano para que fomenten el debate y posterior aprobación de la Ley de Consulta.

Según Pizango, con la aprobación de la mencionada norma «los pueblos serán consultados y tomarán una decisión que será respetada”. “Si las comunidades u organizaciones representativas se encuentran a favor, esa opinión será respetada, y si dicen no, se respetará ese derecho», afirmó el dirigente en declaraciones a la Agencia Andina.

ORGANISMOS ESTATALES DESATENDIDOS

Según Ramón Rivero, para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas hace falta un marco legal adecuado y el desarrollo de una institucionalidad acorde a las necesidades de nuestro país.

“Por ejemplo el INDEPA, antes de ser absorbido por el Ministerio de Cultura, estuvo adscrito a la PCM y luego al Ministerio de la Mujer. Esto demuestra una indiferente visión estatal en materia indígena, lo que no ha supuesto un avance significativo en su gestión pública; no pocos hablan de un retroceso”.

“El papel que actualmente debe cumplir el Ministerio de Cultura, mediante su Viceministerio de Interculturalidad, es el de promover y buscar garantizar derechos según el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidad de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto supone un reto importante en el que todos debemos sentirnos involucrados” sostuvo el especialista de la SPDA.

Este descuido, según Rivero, está poniendo en peligro a las diversas etnias, sobre todo a los pueblos indígenas en asilamiento voluntario (PIAV) pues requieren protección por parte del Gobierno, lo que involucra no sólo a los que cuentan con alguna reserva territorial sino también a los que necesitan de un reconocimiento formal.

“La protección de los PIAV suponen una tarea más que titánica si consideramos los antecedentes recientes de dicha institucionalidad estatal en materia indígena. Llegamos al 9 de agosto de 2011 con noticias como el reciente ataque a estos pueblos en territorio brasileño -cerca la frontera con Perú- por parte de sujetos armados peruanos; situaciones similares nos involucran como país pues también ocurren en nuestro territorio, en las cercanías de dicha frontera, generando situaciones que ponen en peligro la vida, salud y territorios de los indígenas en aislamiento”, indicó.

Por ello, hace falta “prevenir y corregir situaciones similares en nuestro país”, sumando esfuerzos con el vecino país y desarrollando una “agenda binacional formalizada que establezca una hoja de ruta y la atención conjunta de contingencias de manera especializada”.

Ramón Rivero agregó que “organizaciones como la Federación Nacional de Madre de Dios (FENAMAD) han solicitado a los entes regionales y nacionales la implementación de un marco legal para establecer medidas no solo hacia adentro de las reservas territoriales, sino también fuera de ellas para evitar casos parecidos a los de Brasil”.