Iván Lanegra: MINAM debe ejercer una real rectoría de la política ambiental
martes 5 de julio, 2011
En un artículo publicado hoy por el diario El Comercio, el Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Andinos de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, señaló que en nuestro país aún no contamos “una institucionalidad legítima y eficaz”, y por ello aún se daña nuestro patrimonio y se generan diversos conflictos sociales.
Para Lanegra, la protección de nuestra diversidad no basta con la creación del Ministerio del Ambiente, sino además es necesario definir objetivos de manera clara, fijando metas alcanzables que incluyan al sector privado, al Estado y a la ciudadanía.
“No se alcanzarán dichos objetivos sin una gestión intergubernamental coordinada y coherente. Solucionar problemas concretos exige la actuación conjunta de los gobiernos nacional, regional y local mediante mecanismos institucionalizados”, indicó.
“De nada servirá todo este empeño si no se articula a las otras políticas públicas, identificando las sinergias entre lo ambiental y las diversas áreas que concitan la atención ciudadana”, agregó.
Según el funcionario, también “es necesario relanzar el Ministerio del Ambiente y consolidarlo con las atribuciones y recursos que le permitan ejercer una real rectoría de la política ambiental”. Por ello, la Autoridad Nacional del Agua como el novísimo Servicio Nacional Forestal y de Flora Silvestre deben ser adscritos al sector Ambiente.
Por otro lado, resaltó que los ministerios que “no han cumplido con adecuarse al nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental no pueden ser los entes que evalúen y autoricen las actividades extractivas y productivas que ellos mismos promueven. Por ello, la evaluación de impacto ambiental (EIA) debe ser aprobada por el sector Ambiente y los gobiernos regionales”.
Finalmente, indicó que se deben “dictar las decenas de normas pendientes de calidad ambiental, modernizar la EIA (y la fiscalización), así como financiar la remediación de los pasivos ambientales y los planes de descontaminación”.
Asimismo, se debe “ordenar el proceso de otorgamiento y ejercicio de derechos de diverso tipo sobre el territorio, incluyendo los que corresponden a nuestros pueblos indígenas, enrumbándolo hacia la sostenibilidad”.
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