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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra el Estado peruano por supuestas violaciones a los derechos humanos contra pobladores de la ciudad de La Oroya, donde la empresa Doe Run administra un complejo metalúrgico.
Esta acción supone que la CIDH analizará si, con las omisiones que pueda haber tenido el Estado ante la excesiva contaminación ambiental en La Oroya, se han causado daños contra los derechos de sus habitantes.
Así, de ser probadas (como se indica en el documento del CIDH) “las supuestas muertes y/o afectaciones a la salud de las presuntas víctimas” como consecuencia de acciones y omisiones estatales, éstas podrían caracterizar “violación de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana”.
Además, la Comisión estudiará si el Estado ha cumplido con brindar acceso a la información sobre la situación ambiental de La Oroya y su relación con la salud.
Adicionalmente, se estudiará el por qué del retrazo para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional del 2006, donde se ordenan acciones de protección a la salud pública en La Oroya. Esta falta podría constituir, además, violaciones al acceso a la justicia y a la garantía judicial.
El pedido ante el CIDH fue formulado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDAH) y Earthjustice, y cuenta con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Consultada, Astrid Puentes, codirectora AIDA, una de las organizaciones peticionarias ante el CIDH, indicó que la denuncia “responde a la falta de medidas del Estado peruano” en la ciudad de La Oroya: “Si bien existieron algunas acciones en La Oroya, éstas no han sido efectivas para mejorar la salud y el ambiente; como han declarado el Tribunal Constitucional Peruano e incluso el mismo Ministerio de Salud, y también menciona la Comisión”.
La admisión de la demanda por la CIDH se produce en circunstancias especiales. Días atrás, el presidente Alan García anunció la presentación de una propuesta “realista” al problema de La Oroya, e indicó que se viene analizando la posibilidad de ampliar el Plan de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) que debe cumplir Doe Run.
¿POR QUÉ SE RECURRIÓ AL CIDH?
José Luis Capella, director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la SPDA, señaló que una de las razones por las que se recurrió al CIDH fue porque se consideró que en la jurisdicción peruana se habían agotaron “todos los medios para que las instancias judiciales resuelvan el caso de la existencia de contaminación y las medidas que debe tomar el Estado”.
Indicó que los peticionarios consideraron que el Estado no cumplió con la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba establecer una serie de medidas preventivas a favor de la salud de los habitantes de La Oroya.
“La sentencia ordenó que el Ministerio de Salud tome ciertas medidas en torno a la salud pública; ordenó que se tomen acciones individuales a favor de las personas que ya tenían niveles de contaminación por metales pesados; encargó una emergencia ambiental… Sin embargo, quedó comprobado que la sentencia del TC no fue cumplida”, precisó el especialista.
Capella adelantó que el grupo de peticionarios ha sugerido “declarar en estado de emergencia a la ciudad de La Oroya para tomar medidas de salud públicas; realizar una atención integral a las personas afectadas; cumplir con los compromisos ambientales en los plazos establecidos y hacer cumplir las normas de impacto ambiental”.
RESPONSABILIDADES POR EL PAMA
De acuerdo a José Luis Capella, “el PAMA vigente no contempla prórrogas y ante incumplimiento, establece la imposición de multas y la ejecución de garantías financieras, que de no implementarse, reforzaría aún más el retardo injustificado de las acciones necesarias para controlar la contaminación, y la consecuente vulneración de los derechos humanos de los pobladores de La Oroya”.
“Por ello la decisión respecto al PAMA deberá considerar estas garantías exigidas e implementar finalmente, las garantías y medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de mejorar la salud y el ambiente en la ciudad, pero éstas medidas no se han cumplido” aseguró
Se ha informado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará vigilante al proceso de diálogo previo a una probable ampliación del PAMA a favor de Doe Run.
2 comentarios · Dejar un comentario
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Berberados Lemesarios
NO HAY DERECHO A LO SUCEDIDO EN LA OROYA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta denuncia contra el Estado por violaciones a los derechos humanos de pobladores de La Oroya, algo que al borde de la NAVIDAD, de alguna manera debe mover nuestra fibra humana.
Esta aceptación de la denuncia contra el Estado por presuntas violaciones de los derechos humanos, implica atentado contra la vida , el cuerpo y la salud de TODOS LOS NIÑOS DE LA OROYA
Conviene recordar que el 20 de noviembre, sin pena ni gloria, discurrieron los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño.
Conviene recordar a LA OROYA , ese “CHERNOBYL PERUANO”,para que se esclarezca las responsabilidades y se instaure a futuro un “NUNCA JAMÁS”, para que no se repitan infanticidios de ese tipo …para que halla un “NUNCA JAMÁS”… a informes “bamba” como el de BLACKSIMTH, que dice que los niños están bien … QUE NO PASA NADA !!!
Hay un lugar en el mundo donde las aves no vuelan, donde los árboles y los niños no crecen, donde el plomo es el pan de cada día…LA OROYA
LA FUNDIDORA DOE RUN, EN LA OROYA, BRINDABA 3,000 EMPLEOS, PERO EL 97% DE LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DEL PUEBLO TIENE NIVELES TÓXICOS DE PLOMO EN LA SANGRE. Sin embargo, aunque algunos habitantes estaban furiosos con el dueño el magnate Ira Rennert y la compañía, Doe Run Perú, otros lo defendían porque ofrecía empleos con sueldos aceptables o buenos y deseaban que la fundidora siga abierta … porque ESA ES LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES.
Raúl Chacón Pagán, sociólogo, comunicador y analista por largo tiempo de la contaminación en La Oroya, en su “Niños y contaminación ambiental: A propósito de los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño” [elecochasqui.wordpress.com/] recuerda que según el Informe Estado de la Niñez en el Perú 2008 “gran parte de la actual generación de peruanos se está subdesarrollando cada día sin que, al parecer, se tomen las medidas necesarias y suficientes para evitar que ellos vean minadas tempranamente sus capacidades humanas. Lo cual les impedirá tener, a futuro, un desempeño idóneo para contribuir al desarrollo de sus familias y el país”
De hecho, fue interesante que el foro mencionado arriba haya contado con la participación de representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, la Adjuntía de la Niñez y delegados de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes del Perú. Lo fue más que, para llamar la atención de la ciudadanía, los niños, niñas, adolescentes y adultos, junto con malabaristas, danzantes, actores, cuenta cuentos y otros artistas, hayan recorrido las calles del centro de Lima. Todo ello bajo la batuta del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC), el Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores Organizados del Perú (MMNNATSOP), la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (REDNNA), Ayllu Situwa, Ato – Colibrí, los Municipios Escolares de Lima, Encuentros, Every CHild, IFEJANT, INFANT y la Red de Colaboradores de Lima.
No menos valiosa ha sido la Campaña Un millón de amigos para las niñas y niños del Perú. Iniciativa promovida por el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la niñez y adolescencia, integrado por 32 organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, entre ellas: UNICEF, Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Save the Children, Acción por los Niños, EveryChild, Aldeas Infantiles SOS, Plan International y World Vision, entre otras. Campaña que pretende conseguir un millón de amigos para lograr que en la Ley de Presupuesto Público del Año 2010 se asignen los recursos necesarios para la atención y protección de la niñez en áreas de educación, salud, protección, con especial énfasis en programas de prevención de la violencia. Esperemos que su propuesta no caiga en saco roto.
SALUDAMOS LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DE LESA HUMANIDAD EN LA OROYA