En 2013, la ciudadanía de Tamshiyacu, capital del distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, en la región Loreto, presentó una denuncia en el Ministerio Público contra la empresa Cacao del Perú Norte SAC por la tala indiscriminada de árboles. 

En la denuncia se aduce que la subsidiaria peruana de United Cacao Limited SEZ del grupo empresarial del ciudadano checo-estadounidense Dennis Melka, deforestaba la zona que había adquirido años atrás, ubicada a 30 kilómetros del distrito de Tamshiyacu.

En diciembre de 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura ordenó la paralización de los trabajos de la empresa en mención, los que habían iniciado en mayo de 2013.

La empresa fue acusada por el delito contra los recursos naturales en modalidad “tráfico ilegal de productos forestales maderables (art. 310-A)” y “obstrucción de procedimientos en su tipo agravado (art. 310-B y 310-C)”, como indica el Código Penal.

La fiscalía probó que 30000 pies de tablares de madera fueron extraídos del lugar y que estos fueron transformados y comercializados de forma ilícita, lo que generó una acusación por deforestación y tráfico ilegal. 

La otra acusación contra la empresa se produjo ante su negativa de abrir sus puertas al momento en que personal del Ministerio Público realizaba unas diligencias. 

Aunque parezca inverosímil, la empresa no pudo ser procesada por la extracción ilegal de productos forestales, gracias a una serie de recursos que le permitieron excluir este tipo penal del proceso de investigación. Ello sin duda, dificultó el trabajo del Ministerio Público y de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente.

Según indica Juan Luis Dammert Bello en su libro “Hacia una ecología política de la palma aceitera del Perú”, desde 2010 Cacao del Perú Norte utilizó una serie de intermediarios para adquirir 3000 hectáreas ubicadas en el fundo Tamshiyacu. 

En total fueron 60 propietarios los que accedieron a recibir un pago de 5 mil soles por sus predios, cada uno de 50 hectáreas, aproximadamente. Es decir, la empresa pagó 100 soles por hectárea, lo que genera cierta controversia, indica Dammert Bello, no solo por el precio, sino por varios factores como, por ejemplo, el origen de la tierra, la cual fue otorgada a desplazados por el terrorismo, amparados en el DL N° 838 para labores agrícolas. 

Este último punto fue usado para que la empresa de Melka adujera que no era necesario que tramite los permisos ambientales para sus labores agropecuarias, aduciendo que los expropietarios ya realizaban estos trabajos, aunque la diferencia es que se daban en mucho menor escala y sin tipificar algún delito. 

Pero la realidad fue otra. Fueron varias las personas que han declarado haber sido vulneradas y engañadas por esta empresa. Por ejemplo, según indica Convoca, Carmela Castro Najarro, de la zona de Bajo Rayal, dijo: “Me manifestaron que saliera de mi chacra porque ellos iban a trabajarla. La empresa me amenazó con palabras soeces con que me pasaría cualquier cosa, motivo por el cual tuve que salir”.

Además, en el documental “Plantando Conflictos: Agronegocios y Disputas por la Tierra en la Amazonía Peruana”, producido por Oxfam en Perú, Ruperto Vásquez, uno de los afectados por Cacao del Perú Norte indicó que esta empresa los “buscaba para comprar terrenos, amenazando y asustando a la gente diciendo que el Estado les va a quitar”. “Hay mucha gente que no quería vender al principio pero con las amenazas les han convencido, asustado y han empezado a vender”, añade.

El Ministerio de Agricultura informó que la zona deforestada de Tamshiyacu estaba catalogada como tierra forestal, por lo que, según la ley forestal peruana, no podían realizarse actividades agrícolas (cacao). 

Desde el inicio de operaciones, la empresa omitió la tramitación y aprobación del estudio de impacto ambiental respectivo, situación que pretendió regularizar con un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual fue denegado de manera definitiva por la Resolución Ministerial Nº019-2019-MINAGRI-DVDIAR del 12 de agosto de 2019

Alberto Caraza Atoche, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, fue el encargado de llevar a cabo la investigación contra los integrantes de Cacao Perú Norte SAC.

El 25 de julio de 2019, Herbert Benavente Chorres, juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, ordenó una reparación civil de 15 720 461.27 soles a favor del Estado y que deberá ser pagada de manera solidaria por las personas naturales sentenciadas y por Cacao del Perú Norte S.A.C., actualmente Tamshi SAC.

Según el fiscal Alberto Caraza Atoche, el monto se fijó en trabajo con un economista y se llegó a la conclusión que el área deforestada (1900 hectáreas) equivale a la cifra solicitada.

El Poder Judicial también determinó que Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa, fuera condenado a 8 años de prisión efectiva. Ernesto Vega Delgado y Giovanni Cubas Ramirez, trabajadores de exCacao del Perú Norte, también fueron condenados a 4 años de pena privativa de la libertad, aunque estas fueron suspendidas. 

Actualmente, no existe fecha para la audiencia de apelación para que se realice la revisión final de la sentencia de primera instancia y se cuente con una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la empresa y sus trabajadores.