El Acuerdo de Escazú establece estándares esenciales para garantizar y hacer efectivos los derechos de acceso y asegurar que éstos no sean relajados o minimizados frente a intereses particulares o decisiones no sustentadas. El Acuerdo contribuye a elevar los niveles de transparencia activa y rendición de cuentas, prevención de conflictos sociales así como a la legitimar decisiones; y a fortalecer la institucionalidad de la justicia ambiental a través de la especialización de los operadores de justicia. Respecto del derecho de acceso a la información ambiental, el Acuerdo de Escazú contribuye a:

• La generación y divulgación de información ambiental de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, así como su actualización periódica.
• La accesibilidad de la información ambiental que comprende solicitar y recibir información, ser informado sobre su estado y ser informado sobre el derecho a impugnar la decisión.
• La entrega de información ambiental se realiza en un plazo oportuno, en formatos requeridos y de forma gratuita.
• Contar con mecanismos de revisión independientes que promuevan la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información.

Respecto del derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales, el Acuerdo de Escazú contribuye a :

• Garantizar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como también, sobre el ordenamiento territorial, la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos.
• Establecer de manera oportuna mecanismos de participación, en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones, comentarios y aportes ciudadanos sean debidamente consideradas.
• Garantizar que la participación pública inicie desde la disposición de la información necesaria, clara, oportuna y comprensible para así hacer efectivo el derecho de participación.
• Establecer que los mecanismos de participación pública consideren las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género, así como también, la identificación de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad y el público directamente afectado para así garantizar su participación.

Respecto del derecho a la justicia ambiental, el Acuerdo de Escazú contribuye a:

• La especialización ambiental de la institucionalidad y el sistema de justicia ambiental a fin de garantizar una atención óptima frente a la vulneración de derechos humanos ambientales.
• La especialización de los operadores ambientales en temas ambientales a fin de asegurar un pronunciamiento sustentado, coherente y cohesionado con las consideraciones técnicas particulares de la gestión ambiental.
• Incluir y adaptar garantías judiciales que protejan y defiendan los derechos humanos ambientales en tanto su tratamiento es constitucional.
• Desarrollar mecanismos de ejecución de decisiones judiciales de manera que se garantice la implementación de sentencias.