Amenazas
Amenazas
¿Cuáles son las principales amenazas y ataques que sufren?
Según el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas de la CIDH, las personas defensoras de derechos humanos están expuestas a los siguientes riesgos y ataques:
| Destrucción de la propiedad/medios de vida | Detenciones arbitrarias, discriminación y represalias | |
| Restricción al ejercicio de la libertad de asociación | Obstrucción del libre tránsito | |
| Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas | Obstaculización de la labor de defensa | |
| Campañas de desprestigio e iniciación de acciones judiciales | Violencia de género (física, psicológica, sexual y económica) | |
| Restricción al acceso de información en poder del Estado | Actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes |
| Destrucción de la propiedad/medios de vida |
| Restricción al ejercicio de la libertad de asociación |
| Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas |
| Campañas de desprestigio e iniciación de acciones judiciales |
| Restricción al acceso de información en poder del Estado |
| Detenciones arbitrarias, discriminación y represalias |
| Obstrucción del libre tránsito |
| Obstaculización de la labor de defensa |
| Violencia de género (física, psicológica, sexual y económica) |
| Actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes |
En diciembre de 2020, el entonces Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, presentó un informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
El documento resaltó cuatro amenazas principales.
Amenazas a la vida e integridad personal
Diariamente las personas defensoras del ambiente y el territorio reciben amenazas de ataques contra su vida e integridad personal. Algunas se realizan a través de llamadas telefónicas, pero la mayoría se dan ‘cara a cara’. Asimismo, los ataques suelen ser dirigidos a las personas del entorno más íntimo de las personas defensoras de derechos humanos, como familiares.
En el 2020 asesinaron a Roberto Carlos Pacheco, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco. Ambos habían denunciado en repetidas ocasiones invasión de sus predios por parte de taladores ilegales. En el 2017 dejaron una bala en la mesa de la casa de Demetrio Pacheco en una clara señal de intimidación.
Criminalización
Se entiende como el uso indebido del derecho administrativo o penal contra los defensores de los derechos humanos en relación con su labor de defensa. Es una de las prácticas más frecuentes, pese a ello, no es una agresión reconocida como tal en la normativa peruana. Sucede con más frecuencia en América Latina mediante arrestos indebidos, así como judicialización e inicio de investigaciones a las personas defensoras como forma de impedir sus actividades de defensa.
Demetrio Pacheco denunció en distintas ocasiones que las mismas mafias que invaden y destruyen los bosques en su concesión forestal, acuden al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) a denunciarlo por cambio de uso. Ante esto, los funcionarios de dicha entidad se acercan al lugar y, al constatar la depredación del bosque, sancionan a los concesionarios con fuertes multas.
Estigmatización
Quienes defienden el medio ambiente son sujetos de todo tipo de calificativos negativos tanto en contra suya como de sus actividades. Estas acciones de desprestigio tienen como objetivo quebrantar las actividades de defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Las agresiones que con más frecuencia sufren los defensores de los derechos humanos en el Perú son la difamación, el hostigamiento y la estigmatización.
Puede darse cuando se califica a los defensores ambientales como “terroristas”, “extremistas”, “antidesarrollo”, entre otros.
Exclusión de foros de tomas de decisiones
Varias personas defensoras aseguran haber sido expulsadas por la fuerza de espacios de participación o su entrada a los lugares donde dichos procesos se llevan a cabo es rechazada.
Se puede dar en los casos de no ser incluidos en consultas populares, reuniones para la socialización de proyectos o presupuestos, entre otros.
