Pablo Fabián, uno de los 65 afectados que han denunciado al Estado ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Jaime Tranca / SPDA

María José Veramendi, abogada de AIDA: «El Estado debió ejecutar diversas acciones, como decretar a La Oroya en ‘estado de emergencia’ e implementar medidas a nivel salud para atender a la población que estaba intoxicada con metales pesados. Han pasado 10 años de la sentencia y todavía no se ha cumplido plenamente.»

Texto y fotos: Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

Al llegar a La Oroya (Junín) llaman la atención los cerros blancos y grises, manchados desde hace décadas por las emisiones del complejo metalúrgico más conocido del Perú. La principal ‘avenida’ del lugar es la misma carretera Central, por donde pasan vehículos de todo tamaño las 24 horas del día. Buses, autos particulares, volquetes, camiones o colectivos tienen que pasar sí o sí por la ciudad para ir a otros lugares de la sierra o la selva central. Aunque hace algunos años el complejo metalúrgico funciona a medias, la ciudad mantiene un ritmo dinámico debido a que es un lugar de paso obligatorio y, además, porque muy cerca están ubicados algunos proyectos mineros como Morococha.

Al caminar por La Oroya, es inevitable no sentir un cierto recelo al momento de respirar. Se trata de una ciudad que fue considerada como una de las más contaminadas del planeta, donde algunos de sus habitantes poseían en el organismo hasta 50 veces más plomo de lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por supuesto, ahora la OMS considera que la presencia de plomo en el organismo, cualquiera sea la cantidad, no es saludable. Si bien las emisiones de gases se han reducido con la paralización de gran parte de las actividades del complejo metalúrgico, aún existe contaminación, pero no todos denuncian este hecho. ¿Por qué?

Liliana Carhuaz, una de las 65 personas que se atrevieron a denunciar al Estado peruano por no velar por la salud de la población de La Oroya, cuenta que desde que supo que sus problemas de salud estaban relacionados con la contaminación que generaban las actividades metalúrgicas, se unió con otras personas que pasaban el mismo problema, pero de inmediato fueron víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de los trabajadores del complejo, quienes creían que dicha denuncia atentaba directamente contra sus puestos de trabajo.

“Yo tomo consciencia de la contaminación en el año 1998. Me di cuenta de que todos los problemas respiratorios que yo tenía, o que mi familia tenía, eran consecuencia del dióxido de azufre que botaba el complejo”, cuenta Liliana, quien ya no oculta su identidad al momento de tocar este tema.

“Yo por ejemplo tengo dolor en la rodilla, en los brazos, tengo sordera. Tengo tos, asma. Mis tres hijos tienen problemas en el pulmón, principalmente por el material particulado que han respirado”, dice por su parte Pablo Fabián, otro de los afectados que vive frente a la gran chimenea del complejo.

Debido al peligro al que se exponían Liliana y Pablo, así como los demás afectados, se decidió presentar la denuncia a través de seudónimos. A los varones se les denominó Juan y, a las mujeres, María. Este grupo, acompañado por organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), logró que en el 2006 el Tribunal Constitucional emitiera un fallo que ordenó al Estado peruano adoptar medidas para proteger la salud de los afectados.

Centro de salud no es el adecuado para atender a los afectados. Foto: Jaime Tranca / SPDA

“El Estado debió implementar diversas acciones como decretar a La Oroya en ‘estado de emergencia’ e implementar medidas a nivel salud para atender a la población que estaba intoxicada con metales pesados. Han pasado 10 años de la sentencia y todavía no se ha cumplido plenamente. De hecho el fallo le da 30 días a las diferentes entidades estatales para cumplir con la sentencia. Ya vamos agosto de 2016 y esta no se ha cumplido”, explica María José Veramendi, abogada de AIDA.

¿Por qué denunciaron al Estado y no a la empresa?

La representante de AIDA señala que, si bien la empresa Doe Run no cumplió con los compromisos asumidos desde la compra del complejo en el año 1997 -en un lapso de 10 años debía implementar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)-, era el Estado el que permitía la contaminación, en decir, no velaba por la salud de la población y no hacía nada contra la violación al derecho de vivir en un ambiente sano.

“Nosotros pensamos demandar a Doe Run, pero llegamos a la conclusión de que todas las leyes y disposiciones legales en el Perú favorecían a esta empresa para que trabaje con esos estándares de calidad ambiental, con esos límites máximos permisibles. Ahí es donde nosotros encontramos al verdadero culpable: el Estado”, nos dice Moisés Alcántara, otro ciudadano afectado por la contaminación.

Liliana Carhuaz también coincide con Alcántara: “El Estado peruano nunca veló al 100% por nuestra salud, al contrario, siempre benefició a la empresa, le dio beneficios, ampliaciones, modificaciones, pero el tema de salud lo dejó de lado”.

Foto: Jaime Tranca / SPDA

Denuncia internacional contra el Estado

Al ver que no se cumplía con la sentencia del Tribunal Constitucional, los denunciantes y las organizaciones que los apoyaban, decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en el 2007, esta solicitó al Estado peruano implementar medidas cautelares a favor de 65 personas de La Oroya. Estas medidas consistían en un diagnóstico médico especializado y un tratamiento para aquellos que mostraran daños irreversibles a su vida o integridad personal.

“Uno de nuestros alegatos principales del caso ante la Comisión Interamericana fue que la gente no tenía acceso a la información. Si la gente no tenía información sobre el estado de contaminación de la ciudad, ¿cómo podía cuidar su salud? De hecho hubo una estrategia de ocultamiento de información y una campaña de desinformación. Durante muchos años, incluso personal médico o personal de la empresa decían que el plomo te hacía bien”, narra la abogada de AIDA.

“Nuestra intención era que se declare al Estado responsable por violar los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a vivir en un ambiente sano, al acceso a la información y al acceso a la justicia”, agrega Veramendi.

Hasta la fecha, luego de casi 10 años de espera, estas medidas cautelares no se han implementado en su integridad. Christian Huaylinos de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), explica que “a pesar del tiempo transcurrido vemos significativas falencias en el sistema de salud de La Oroya”, refiriéndose al Centro de Salud de la ciudad que no cuenta “ni con la logística, ni con el personal suficiente para poder abarcar toda la atención que requiere la población”.

“Buscar una implementación que logre a su vez una atención integral de salud a los beneficiarios de las medidas cautelares, es algo que está muy lejos de concretarse hasta la fecha. Se han iniciado conversaciones con la Diresa Junín y con la estrategia de metales pesados para poder avanzar, pero lamentablemente por parte del Gobierno central no hay una línea institucional que apoye esta tarea”, agrega.

[Ver además: Informe especial: Cinco puntos para entender el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya]

Larga espera

Huaylinos afirma que, debido a la larga espera por justicia, algunos afectados han sentido “bastante frustración”, porque no solo no tienen un tratamiento adecuado, sino que además carecen de medicamentos y ni siquiera han tenido un reconocimiento, por parte de las autoridades, del daño que están sufriendo.

Asimismo, explica que el Estado siempre ha buscado que se levanten las medidas cautelares porque ha considerado que con los dosajes ha sido suficiente. “Los dosajes se tienen que hacer de manera continua porque la afectación por metales pesados va evolucionando en el cuerpo de cada persona y las afectaciones también van recrudeciendo o avanzando según la exposición que ellos tienen”, sostiene el abogado.

El próximo 15 de octubre, se realizarán nuevos dosajes en donde se incluirán además a 14 personas más, según ha ordenado la Comisión Interamericana. Algunos ya no viven en La Oroya, pero están evaluando la forma de incluir a todos los beneficiarios.

Los denunciantes aclaran que no están buscando el cierre del complejo metalúrgico, solo esperan que -como toda empresa- funcione respetando los estándares ambientales.

“Nosotros queremos que la empresa cumpla con el PAMA para que La Oroya respire un aire limpio. Ellos no quisieron cumplir y ahí tienen las consecuencias. He tenido la suerte de conversar con ellos (con representantes de la empresa), siempre exigiéndoles que la salud no se vende, la salud se defiende y tratándose de los niños, más todavía”, nos dice Pablo Fabián a manera de conclusión.