Foto: copyright Barbara Fraser
* El artículo presenta el problema de contaminación por derrame de petróleo en Cuninico (Loreto), basándose en un informe de Amnistía Internacional -que resalta el problema de salud que causó el desastre ambiental- y en un fallo judicial a favor de las comunidades indígenas afectadas por el daño.
Por Milton López
Aún siguen en la espera. En el Perú existe un caso emblemático de contaminación ambiental a poblaciones amazónicas que hasta el momento no han sido tratadas con atención médica, pese a que han pasado tres años desde que se originó el daño. Se trata del derrame de miles de barriles de petróleo debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano en el 2014, en la quebrada de Cuninico, que impactó en el ambiente y salud de las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, ubicadas en el distrito de Urarinas, región Loreto.
Ene l 2015, una investigación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (OEFA) determinó que la responsabilidad del derrame es de la empresa estatal Petroperú, operadora del oleoducto que traslada el crudo desde la Amazonía hasta una refinería en la costa.
Aunque hayan pasado varios años desde que el mismo Estado peruano mediante exámenes a las poblaciones identificó la contaminación, hasta el momento no se ha desarrollado algún tipo de tratamiento integral a las poblaciones afectadas, de acuerdo a las conclusiones de la investigación denominada “Estado Tóxico. Violaciones del derecho a la salud de pueblos indígenas en Cuninico y Espinar, Perú”, publicada por Amnistía Internacional el pasado 13 de setiembre.
La investigación se desarrolló “entre febrero y agosto de 2017, la misma que incluyó una amplia investigación documental”, se precisa en el documento. Climate Tracker se comunicó con el coordinador de campañas e incidencia de Amnistía Internacional Perú, Joel Jabiles, quien estuvo en contacto con las personas afectadas por la contaminación en Cuninico y Espinar.
“En Cuninico desde el 2014, y en Espinar desde el 2010, se sabe que existe presencia de metales pesados en el agua que consume la población. También hay pruebas de la presencia de estos minerales tóxicos en el organismo de la gente que padece de enfermedades producto de esta exposición. El tema es que han pasado tantos años y no se ha ejecutado ningún plan de tratamiento integral para la población”, manifestó.
La investigación del organismo internacional, como se señala en su título, también trata el caso de las comunidades andinas de Alto Huarca, Cala Cala, Huisa, Huisa Collana, Alto Huancané y Bajo Huancané, que han sido afectadas por la exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, región de Cusco.
Si bien el caso cusqueño merece también una urgente atención, el presente artículo se centra en la historia amazónica de Cuninico porque el pasado 14 de setiembre, el Juzgado Mixto de Nauta, de la región de Loreto, dictó sentencia a favor de las comunidades que demandaron a diferentes entidades del Estado peruano, como el Ministerio de Salud, por no atender de manera inmediata el daño producido en la población por el derrame petrolero.
La sentencia es firme, se ordena la implementación de una política pública para tratar de manera integral a los afectados por el derrame en Cuninico, así como un monitoreo constante del agua en la zona del derrame.
Una herida amazónica que aún no cierra
El 30 de junio de 2014, Petroperú informó sobre un derrame de 2358 galones de petróleo cerca de la quebrada de Cuninico, a la altura del kilómetro 41+833 del Tramo I del oleoducto. La quebrada es afluente del Marañón, uno de los ríos más importantes de la Amazonía peruana que, junto con el Ucayali, originan el río Amazonas.
El derrame afectó a la comunidad nativa de Cuninico y también a las comunidades de San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa, por estar localizadas en las proximidades a la misma quebrada. Las poblaciones afectadas pertenecen al pueblo kukama, el cual, por su cultura ancestral, está ligado de manera estrecha al agua. Además, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, la pesca es la principal actividad económica de este pueblo amazónico.
En julio de 2014, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto realizó pruebas de presencia de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) y metales pesados en el agua de las comunidades afectadas por el derrame. “El muestreo de agua en la quebrada de Cuninico arrojó como resultado que los niveles de aluminio y los HTP se encontraban por encima de los estándares de calidad de agua para consumo humano”, según el oficio 4606-2014/DEPA/DIGESA.
También hubo un segundo monitoreo del agua por la misma Diresa en septiembre de 2014 y otro en junio de 2017 por la Dirección General de Salud (Digesa). Sin embargo, “a la fecha de cierre de este documento, los resultados de estas últimas muestras no se habían hecho públicos”, se advierte en la investigación de Amnistía Internacional. Climate Tracker se comunicó con Alicia Abanto Cabanillas, de la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de Perú, quien señaló que “existe una falta de transparencia al momento de mostrar a los afectados y la sociedad civil los resultados de los dosajes. Los resultados deben hacerse públicos y luego, de forma inmediata, debe tratarse adecuadamente a la población afectada”.
En enero del 2016, Censopas (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud) tomó muestras de sangre y orina a 129 personas de las comunidades de Cuninico y San Pedro, de las cuales el 86.6% de las personas analizadas eran de Cuninico. “El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia; y que el 16.81% de todos los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia de cadmio”, se describe en la investigación de Amnistía Internacional.
Respecto al plomo, los resultados arrojaron que existen 84 personas en Cuninico con valores de entre 2 y 10 μg/dL y un niño de siete años de Cuninico con 14.16 μg/dL de plomo. “No existe nivel de exposición al plomo que sea seguro para la salud”, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cita en la investigación.
Según la misma OMS, la presencia de plomo en el cuerpo humano daña los sistemas neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Y en el caso de niños, puede “causar lesiones neurológicas graves y en algunos casos irreversibles”. En el caso del cadmio, aparte de intoxicar los riñones, y los sistemas óseo y respiratorio, es cancerígeno. El arsénico tiene un impacto similar. “Los efectos, que pueden tardar años en aparecer en función del nivel de exposición, consisten en lesiones cutáneas, neuropatía periférica, síntomas gastrointestinales, diabetes, problemas renales, enfermedades cardiovasculares y cáncer”, detalla la organización.
En abril del 2017 fue el propio Estado peruano que, bajo la Resolución Directoral 026-2017/DIGESA/SA, admite la grave situación de salud en el área impactada por el derrame petrolero. Con dicha resolución, señala Amnistía Internacional, se dispuso “medidas de seguridad en materia de la calidad del agua para consumo humano en los distritos de Urarinas y Parinari de la provincia y departamento de Loreto”, lo que “demuestra que la contaminación hallada en el agua en 2014 sigue presente en la Comunidad de Cuninico”.
Pese a las pruebas presentadas, hasta el momento no hay una ejecución de medidas efectivas para el tratamiento de salud y acceso a agua limpia en el área, se enfatiza en el estudio.
“El centro de salud más cercano a las comunidades afectadas por el derrame en Cuninico es el de Maypuco (a una hora y media en lancha rápida). En Cuninico se puso un módulo de telemedicina, pero culturalmente eso no es viable, además que no funciona. Por otro lado, en Maypuco solo existe especialistas en medicina general y no especializados en tratamiento frente a la exposición a metales pesados”, explica Joel Jabiles de Amnistía Internacional.
“Desde ese momento no soy una mujer sana, soy como una inválida. Hasta ahorita no puedo levantar ni un balde de agua. No puedo agarrar un racimito de plátano. Si ya me levanto, ya siento un dolor, se hace duro. Si me voy a bañar, me da escalofríos; si me baño tarde, me da escalofríos, fiebre me da. Así estoy sufriendo toda clase de dolencias”, dice Juana Rosa Otejón, en uno de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional.
Juana Otejón en 2014, luego de sufrir dolor y sangrado constante en su vejiga, y tras días de haberse atendido en Maypuco y luego en la capital de Loreto, Iquitos, los médicos le informaron que tuvo dentro de ella un feto muerto durante casi dos meses. Juana Otejón atribuye su daño a los peces y el agua contaminada del derrame del crudo en Cuninico.
Una sentencia esperanzadora
La sentencia del Juzgado Mixto de Nauta ordenó el diseño e implementación de política pública a favor de afectados por derrames, y monitoreo de salubridad del agua. Los favorecidos fueron precisamente las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Santa Rosa.
Joel Jabiles es escéptico respecto al cumplimiento de esta sentencia. “Por nuestra experiencia siguiendo el caso de Cuninico con el derrame petrolero, así como el de la contaminación minera en Espinar, y otros casos que existen de impacto ambiental como en Cerro de Paso con la minería también, concluimos que no es un tema prioritario del Gobierno peruano la defensa de los derechos humanos de las poblaciones expuestas a metales pesados. Debe haber una respuesta consistente. Esperemos que haya voluntad esta vez para atender la salud indígena”, finalizó.
No es coincidencia que en el estudio del Minsa “Información sobre Salud de los Pueblos Indígenas”, citado en la investigación de Amnistía Internacional, se señala que los pueblos indígenas del Perú han sufrido exclusión, inequidad y abandono del Estado. Dicha situación ocasionó y aumentó brechas sanitarias, se describe en el informe.
Para Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo, esta sentencia es importante porque es una respuesta jurídica frente a la falta de tratamiento de la población afectada, aunque señala que esta orden debe traducirse en hechos efectivos.
“Se necesita implementar una política integral de salud para poblaciones expuestas a metales pesados, pero existe una deficiencia en estrategias efectivas de los gobiernos regionales y el Ministerio de Salud. El tratamiento debe ir de la mano con la alimentación, acceso a agua limpia y la atención al problema de la desnutrición local”, resaltó la representante de la Defensoría del Pueblo en pueblos indígenas.
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