¿Qué es y por qué es importante el "Estado abierto" en materia ambiental?

Boca Manú – Madre de Dios. Foto: Diego Pérez

Del 26 al 28 de junio se realizará el I Congreso Internacional sobre Estado Abierto y Gobernanza organizado por la Universidad Nacional de Costa Rica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Red Académica para Gobierno Abierto Internacional (RAGA).

El congreso tuvo por finalidad intercambiar experiencias, lecciones aprendidas e investigaciones sobre la implementación de los pilares del Gobierno abierto, en el Estado abierto y justicia abierta a través de ponencias magistrales y mesas temáticas a cargo de magistrados, funcionarios y juristas.

Escriben: Diana Suárez y Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

Un Estado basado en principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e integridad es un Estado abierto. Un Estado abierto, en tanto inclusivo, refiere a un cambio de paradigma de la gestión pública que atraviesa las instituciones de todos los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); y sostiene que la relación con la ciudadanía debe ser el centro de la toma de decisiones del quehacer público[1].

Por años se ha pensado al gobierno bajo un modelo en el que el ejercicio de la democracia se agota en la representación política luego de un proceso electoral. Es decir, bajo un modelo de democracia representativa en el que las personas eligen a su representante para que tome decisiones. No obstante, la democracia abarca también un eje activo en donde la ciudadanía participa en todos los niveles de gobierno y en todas las etapas de los procesos de formulación, diseño e implementación de políticas públicas, a través del modelo de democracia directa.

En suma, cuando hablamos de Estado abierto estamos hablando de un modelo de gobernanza innovador en el que el Estado en su conjunto abre las puertas al ciudadano para que no solo conozca, sino que tenga la capacidad de involucrarse en las políticas públicas a través de mecanismos establecidos que garanticen procesos dinámicos, por etapas y, sobre todo, efectivos.

El Estado abierto tiene que ver con principios esenciales para el ejercicio de la democracia: información, transparencia, integridad pública y participación. Este modelo, a su vez, implica la decisión y puesta en marcha de todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local; así como de los 3 poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por tanto, un Estado abierto no solo fortalece la legitimidad y la confianza en la toma de decisiones, sino que también contribuye a prevenir y detectar actos de corrupción, y favorece a la eficiencia y mejora de la calidad de la gestión pública.

I Congreso Internacional sobre Estado abierto y Gobernanza organizado por la Universidad Nacional de Costa Rica.

Sobre la justicia abierta ambiental

Cuando hablamos de justicia abierta, nos referimos a que la justicia, sus instituciones involucradas, como el Poder Judicial, y sus magistrados y representantes, también trabajen bajo un enfoque de transparencia y apertura a la ciudadanía. Este concepto rompe paradigmas, pues tradicionalmente se ha visto al Poder Judicial como una institución que debe estar aislada de las personas para quienes imparten justicia, con el fin de asegurar su imparcialidad e independencia. Sin embargo, esta es una concepción errónea, pues la transparencia y rendición de cuentas, incluso los mecanismos de participación, permiten acercar a las personas a la construcción de sus agendas y brindar legitimidad en las decisiones, garantizando siempre los principios del debido proceso y confidencialidad de los casos.

La justicia abierta nos llama a romper con este precepto, pues se pueden dar acciones concretas dentro de esta institución sin vulnerar estos principios del poder jurisdiccional. La justicia abierta nos alienta a ir más allá de los mecanismos tradicionales de transparencia en el que se considera que la única vía de rendir cuentas es a partir de la sistematización de jurisprudencia. Así, la justicia abierta es también recibir retroalimentación de las personas hacia la institución aspirando a consolidar un sistema bidireccional, incluso mejorar el desempeño de tribunales, así como la comunicación con otros poderes del Estado.

Por ejemplo, en países de la región, como en Costa Rica, se ha abierto un portal sobre justicia abierta, en el que informan a la población sobre diversas iniciativas. Asimismo, su Poder Judicial viene impulsando el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, el cual capacita a personas voluntarias para que brinden información sobre derechos, responsabilidades y servicios judiciales en zonas rurales[2]. Otra práctica de participación pública en la justicia son las audiencias o los amicus curiae, los cuales favorecen a la construcción de la confianza en las decisiones judiciales.

La importancia de abrir la justicia ambiental

Como hemos mencionado a lo largo de este artículo, los beneficios de un Estado abierto son incontables, especialmente para consolidar la institucionalidad en confianza y legitimidad del Poder Judicial o de la justicia administrativa.

En el campo ambiental, abrir la justicia es fluido y de suma importancia. El derecho a contar con un medio ambiente es ejercido desde la cotidianidad hasta las estructuras más complejas. La relación de las personas con el ambiente es indudable, por lo que encontrarse inmersas en las decisiones sobre él también es incuestionable. Así como también es incuestionable las diferentes presiones e intereses que pueden recaer en los recursos naturales al mismo tiempo, por tanto, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas deben ser vitales en los procesos de toma de decisiones.

Por ello, es clave contar con mecanismos claros y predecibles para que las personas puedan conocer los procesos de impartición de justicia ambiental y puedan participar sin obstáculos y con información oportuna.

Por ejemplo, para impartir justicia ambiental de manera efectiva, resultaría importante también conocer las principales preocupaciones, riesgos y aportes de la ciudadanía en torno a los delitos ambientales más complejos enfocados en cada espacio o jurisdicción en particular, de forma que los recursos del Estado se encaminen a una actuación efectiva para solucionar problemas ambientales públicos. Así también, la ciudadanía debería poder acceder a información sobre la efectividad de las sentencias, y en un lenguaje claro y sencillo que les permita comprender las distintas problemáticas y las instancias para acceder a la justicia ambiental.

Si bien es un concepto nuevo que aún está en construcción en la región y que tiene el reto de romper paradigmas y modelos tradicionales de gobernanza y administración de justicia, se observa con optimismo que existen iniciativas desde el Estado y la ciudadanía en su conjunto para tener Estados más abiertos enfocados en los derechos de las personas.

No debe perderse de vista que no se concibe Estado abierto sin la ciudadanía, por lo que la sociedad civil debe mantenerse involucrada y saber que existen diferentes caminos por los que pueden ejercer su voz e involucrarse en las decisiones públicas, siendo el modelo de Estado abierto uno de estos caminos.

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