• Organizaciones indígenas de la Amazonía se reunieron en Pucallpa para analizar qué acciones tomarán ante los últimos crímenes contra líderes de las comunidades nativas.

Durante el 22 y 23 de mayo, representantes de nueve organizaciones que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) participaron en el Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Indígenas, realizado en Pucallpa, que tuvo como objetivo exponer la situación de las poblaciones indígenas ante las amenazas y crímenes que sufren en la actualidad, y proponer soluciones para esta problemática.

Según Aidesep, más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años por defender sus territorios y derechos frente al incremento de actividades ilegales como la tala, la minería ilegal y el narcotráfico. A ello se suma la criminalización de sus líderes por defenderse y la impunidad en que terminan los asesinatos.

En el evento –donde participaron también representantes de los ministerios de Justicia y de Cultura, así como de la Fiscalía y organizaciones civiles–, los líderes indígenas de diversas regiones del país expusieron sobre la situación adversa en que viven y pidieron atención urgente del Estado para que los crímenes no se repitan.

“El objetivo del evento fue elaborar un plan de trabajo sobre diversos ejes planteados, como por ejemplo el de autoprotección, capacitación técnica sobre derechos colectivos que tienen los defensores y defensoras, entre otros. La idea es conocer cómo articular todos estos ejes y fortalecer el trabajo que se tiene con el Gobierno mismo y con los aliados”, señaló Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, en conversación con Actualidad Ambiental.

Los líderes indígenas también analizaron el “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, y presentaron propuestas para mejorar esta herramienta que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo.

“Tenemos un mecanismo intersectorial que ya tiene dos años pero su implementación es muy lenta. Lo que buscamos es que ese mecanismo pueda aterrizarse para realizar acciones más concretas en el campo donde defensores y defensoras ya están siendo hostigados. Hay asesinatos, pero hasta ahora no ha habido un castigo ejemplar. Necesitamos que el Gobierno pueda facilitar estas acciones y los recursos”, agregó el líder indígena.

En el evento participaron representantes de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (ARPI-SC), Organización Regional de Aidesep de Ucayali (ORAU), Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (CORPIAA), Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Norte del Perú (ORPIAN-P).

Asimismo, estuvieron presentes representantes de organizaciones como Amazon Watch, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Proyecto Prevenir de USAID y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

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Declaración de Pucallpa: frenar los asesinatos

Antes de culminar el evento, los líderes indígenas elaboraron de manera conjunta la “Declaración de defensores y defensoras de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana”, un documento que reúne las exigencias de los pueblos indígenas al Estado para detener la ola de crímenes a los defensores indígenas.

Entre los principales puntos de esta declaración, los defensores indígenas solicitan al Gobierno garantizar el presupuesto para que las entidades implementen el mecanismo de protección, así como la participación plena de los pueblos indígenas en la elaboración de planes y propuestas relacionadas a la protección de las comunidades nativas. El respeto y la aplicación de la consulta previa cada vez que se adopte una medida legislativa o administrativa, es otro de los pedidos.

Por otro lado, exigen que los crímenes no queden impunes y que las autoridades aceleren las investigaciones y procesos judiciales relacionados a la muerte de defensores indígenas. Asimismo, consideran prioritario el apoyo a los familiares de las víctimas y reparación económica.

Además, piden al Gobierno que vele por los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) frente a las actividades ilegales y “a gobiernos regionales que comparten el interés en saquear sus territorios a pesar de que ello implique la destrucción y el inminente exterminio de nuestros hermanos”.

Como se recuerda, actualmente en el Congreso existe una propuesta para modificar la Ley PIACI, lo cual pondría en riesgo a estos pueblos originarios. El proyecto de ley fue presentado por la bancada fujimorista y ha sido catalogado como inconstitucional por pretender quitar facultades al Ministerio de Cultura (Mincul) en cuanto a la creación de las reservas indígenas.

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