Foto: La República 

• Diez años después de ocurrido el desastre ambiental, la población de Cuninico y otras tres comunidades indígenas esperan que la empresa estatal se haga responsable del daño que impactó sobre la vida de decenas de familias en Loreto.

Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

En junio de 2014, más de 2300 barriles de petróleo fueron derramados en la quebrada de Cuninico, una fuente de agua de la comunidad nativa del mismo nombre, ubicada en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto. El desastre ambiental produjo la contaminación de este afluente del río Marañón e impactó sobre la salud y vida de la población que hasta hoy pide justicia.

Diez años después del derrame de hidrocarburo que provino del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa Petroperú, la población kukama kukamiria de Cuninico aún tiene dificultades para obtener agua. Antes del desastre, ellos conseguían este recurso de la mencionada quebrada y hoy tienen que buscar otras fuentes.

En conversación con Actualidad Ambiental, Galo Vásquez Silva, apu de la comunidad nativa de Cuninico y representante de la Federación de Pueblos Cocama Unidas del Marañón, mencionó que el agua de la quebrada está envenenada y en la actualidad, después de una década, no han tenido el apoyo suficiente para abastecerse del líquido elemento. A veces, agregó, se resignan a esperar la lluvia, pero ahora es agosto, una época de sequía y vaciante.

“El Ministerio de Vivienda en su momento nos apoyó, pero hasta ahora no han concluido la obra para tener agua para el consumo humano”, indicó el dirigente indígena, y mencionó además un estudio que hicieron el año pasado el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el cual “corroboró que aún existe contaminación, tanto en el agua y suelo de las comunidades”.

Nueva audiencia por el caso Cuninico se realizó el viernes 16 de agosto, en Nauta (Loreto). Foto: Jaime Tranca / Actualidad Ambiental

Compensación a los afectados

Galo Vásquez junto a sus compañeros y representantes de otras comunidades afectadas como Nueva Santa Rosa, San Francisco y Nueva Esperanza, llegaron a Nauta el último viernes para asistir a una audiencia convocada por la Corte Superior de Justicia de Loreto, en donde se determinarían los avances de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 (Sentencia 828/2020), el cual ordena la compensación a los afectados por el derrame.

Durante la audiencia, la representante legal de Petroperú, Sonia Sandoval Peralta, intentó minimizar los impactos que produjo el derrame de petróleo de 2014. Sin embargo, la abogada constitucionalista del Instituto de Defensa Legal (IDL) y representante legal de los afectados, Maritza Quispe, señaló que no les sorprende esta posición de Petroperú, y resaltó que la audiencia no era para determinar si hubo daño o no, sino para exigir a la empresa estatal responsable del derrame que cumpla con la compensación a los afectados.

“El OEFA dijo que en este caso se había determinado que había una afectación potencial a la salud y al medio ambiente. Entonces, hay daños. La sentencia emitida por el tema de salud también corrobora eso. […] Yo creo que se ha evidenciado el incumplimiento por parte de Petroperú y esperamos que la jueza pueda emitir esa resolución donde le ordene a la empresa a realizar la compensación o cumpla con lo establecido en el Decreto Supremo 081 del Minem”, explicó la abogada de IDL, en conversación con Actualidad Ambiental.

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Derrame se produjo en el 2014. Foto: Barbara Fraser

Maritza Quispe hace referencia al ítem 4 del anexo 4, del mencionado decreto supremo, el cual determina los pasos para la compensación a los afectados en situaciones como el derrame ocurrido hace una década. Esto incluye identificar a los afectados, hacer un inventario de daños, realizar una valorización económica ambiental, entre otros.

A pesar de la posición de la empresa estatal, Quispe considera que la audiencia ha sido importante porque se pudo “visibilizar la renuencia por parte de Petroperú de no cumplir con el mandato establecido por el TC”.

“Yo creo que se consiguió mucho. Creo que se consiguió, primero, que la jueza vea que efectivamente hay un incumplimiento; y, segundo, hay que resaltar que la jueza está haciendo suyo este problema. Ella señaló que va a disponer, a través de una resolución, ir a las mismas comunidades para levantar información”, agregó la abogada de IDL.

Finalmente, resaltó la demora de la compensación en este caso emblemático. “Está demorando mucho, los procesos constitucionales son de tutela urgente, deberían de ejecutarse en el plazo más breve posible. Está fallando el sistema de justicia, pero también Petroperú, por la renuencia. Ellos tenían conocimiento de la sentencia en el 2020. Han pasado 4 años y no han hecho nada”, concluyó.

Sobre la posición de Petroperú durante la audiencia, Galo Vásquez indicó que la empresa ha mostrado esta actitud desde el principio, “y a estas alturas que venga la abogada a decir lo mismo es una cosa que nos indigna y molesta a nosotros que vivimos en las comunidades”. Aún así, el apu de Cuninico confía en que el Poder Judicial les dará la razón.

Galo Vásquez, apu de la comunidad nativa Cuninico. Foto: Jaime Tranca / Actualidad Ambiental

Caso emblemático

El derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico es un caso emblemático porque por primera vez el OEFA emitió una resolución en donde se declaró la responsabilidad administrativa de Petroperú por no darle mantenimiento al oleoducto, por daño a la flora y fauna, y por daño potencial a la salud humana.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio Constitucional de IDL, explicó que el caso Cuninico sirvió de base para otros como los de Imaza (Amazonas) y Morona (Loreto), ocurridos en el 2016 (juntos sumaron unos 4500 barriles de petróleo derramado), por el cual el OEFA multó a Petroperú con 27 millones de soles, precisamente por no realizar mantenimiento al oleoducto, por no adoptar medidas inmediatas para controlar y minimizar los impactos ocasionados, por generar daño a salud, entre otros.

Datos:

• Según “Las sombras de los hidrocarburos”, informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde 1997 hasta el 2023, el Estado peruano registró 1462 emergencias por derrames de petróleo, de los cuales 831 se produjeron en la selva, 609 en la costa y 22 en la sierra.
• El informe también señala que, del total de emergencias de este tipo, la empresa Pluspetrol es la que más derrames ha registrado (394), seguida por Petroperú (191) y Frontera Energy (113).