[OPINIÓN] La impostergable responsabilidad del próximo Congreso: ratificar el Acuerdo de Escazú

Foto: Andina.

Escriben:

Carol Mora – Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental – SPDA

Fátima Contreras – Programa de Política y Gobernanza Ambiental – SPDA

En el Día de la Tierra, el Acuerdo de Escazú entra en vigor luego de haber sido ratificado por 12 países de la región América Latina y el Caribe. Estos países empiezan así el largo y fundamental camino de implementación que sin duda los llevará a obtener un orden común en cuanto a democracia ambiental y estándares uniformes para implementar el ejercicio de los derechos de acceso para la transparencia y participación en la toma de decisiones, y a evolucionar el sistema de administración de justicia ambiental, esencial en estos tiempos donde necesitamos respuestas inmediatas y efectivas para la protección de nuestros derechos ambientales, reducir y eliminar la corrupción y gestionar los conflictos socioambientales con enfoque de prevención.

Si bien este es un hecho digno de celebrar por el bien de la región latinoamericana, el Perú hoy no es parte de este hito: nuestro país no está dentro los países implementadores del Acuerdo de Escazú. Durante mucho tiempo el actual Congreso de la República tuvo la oportunidad de ratificar el Acuerdo de Escazú pero decidió no hacerlo, con argumentos basados en una campaña de desinformación y polarización de la ciudadanía y del propio Estado. Así, en octubre del 2020, el Congreso decidió archivar el proyecto de ley que disponía la aprobación del Acuerdo de Escazú.

El proceso de debate no tomó en cuenta el compromiso internacional del Perú, los beneficios derivados del Acuerdo de Escazú para la ciudadanía y para los grupos más vulnerables como los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, el hecho que desde el 2012 el Perú había asumido un importante liderazgo regional en pro de la ratificación del Acuerdo de Escazú. El miedo que generó el Acuerdo de Escazú a los grupos de poder fue mayor y nos hizo perder la oportunidad de mayores niveles de transparencia y democracia en asuntos ambientales y vinculados a recursos naturales.

Hoy el Estado tiene una gran deuda con las peruanas y los peruanos. Una nueva gestión de Gobierno y en el Legislativo se asoma y es imperativo que respondan a estas necesidades de cara al bicentenario. La ratificación del Acuerdo de Escazú está en sus manos. Las ventajas del Acuerdo de Escazú son muchas, su ratificación significa no solo el respaldo de los derechos de acceso sino el punto de partida para construir mejores estándares de gobierno abierto, de rendición de cuentas, implementar herramientas más eficaces para participar en toma de decisiones, reflexionar sobre el ejercicio de justicia y, más que nunca, establecer canales de atención y protección a defensores y defensoras ambientales.

El Acuerdo de Escazú es un tratado hecho a la medida de los desafíos de la región y la colaboración entre países será la clave para trabajar en estos derechos. Ratificar el Acuerdo de Escazú es ratificar los derechos humanos.