Foto: Fiorella Fiestas / SPDA
- El pasado lunes 23 de mayo, el embajador de Reino Unido en el Perú, Gavin Cook, se reunió con las personas defensoras de derechos humanos del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata.
Escribe Luisa Ríos / Coordinadora Regional de la Oficina de Madre de Dios
Durante la reciente visita a Madre de Dios del embajador de Reino Unido en el Perú, Gavin Cook, el pasado 23 y 24 de mayo, se logró el encuentro con las personas defensoras de derechos humanos del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Reunidos en un ambiente seguro, cada uno logró exponer el constante riesgo al que tanto ellos como sus familiares se enfrentan y las amenazas que reciben por proteger los bosques. Este encuentro sirvió, además, para señalar la escasa voluntad política ante la atención de las denuncias y resaltar la débil estrategia de intervención de los operadores de justicia frente a las actividades ilegales ocurridas en la región.
Como se sabe, nuestro país ha registrado, desde el inicio de la pandemia, 17 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, según registros recogidos por organizaciones indígenas y fuentes oficiales, de los cuales dos de ellos ocurrieron en Madre de Dios. Por ello, se vuelve más urgente y necesario tomar acciones concretas y articuladas para no sumar más víctimas mortales.
El encuentro permitió expresar, ante el embajador Cook, la urgencia de llevar adelante las investigaciones más diligentes y oportunas sobre los tres asesinatos de personas defensoras en la provincia de Tambopata: Alfredo Vracko, Roberto Carlos Pacheco y Juan Julio Fernández, e imponer sanciones ejemplares a los responsables. Como lo mencionó el vicepresidente del Comité de Gestión y padre de Roberto Carlos, el defensor ambiental Demetrio Pacheco, a casi dos años del asesinato de su hijo “no hay ningún detenido, a pesar de la confesión del autor del crimen quien fue liberado y ahora se encuentra prófugo”.
Asimismo, señalaron la urgencia de implementar estrategias eficientes para detener las actividades que generan situaciones de riesgo para las personas defensoras. Si bien, en el 2019 se implementó la Operación Mercurio que tuvo como objetivo erradicar la minería ilegal en la zona denominada ‘La Pampa’, esta estrategia no logró sus objetivos en el largo plazo puesto que no detuvo ni eliminó la actividad minera ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Se espera que con el Plan Restauración, el plan integral frente a la minería ilegal aprobado por el Ministerio del Ambiente (Minam), en agosto del 2021, se pueda detener la minería ilegal y otros delitos que generan situaciones de riesgo para las personas defensoras ambientales como la tala ilegal y el tráfico de tierras.
Finalmente, una reciente declaración del director general de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Edgardo Rodríguez, indica que hasta el 26 de abril de 2022 el ministerio recibió 31 solicitudes de activación del mecanismo de las cuales 23 fueron admitidas, cinco quedaron descartadas y tres están en estudio. La mayoría de pedidos de activación proceden de defensores ambientales e indígenas. Pero su sola activación no parece ser suficiente, por ello es necesario generar fortalezas en el ámbito local donde ocurren las situaciones de riesgo. Para ello, es necesario fortalecer las capacidades del Estado en los diferentes niveles de gobierno para una adecuada puesta en marcha del mecanismo de protección de personas defensoras.
Esperamos que estos pedidos expuestos ante el embajador del Reino Unido en el Perú genere un mayor nivel de protección sobre este grupo de ciudadanos que a diario se enfrentan a campañas de desprestigio, denuncias, amenazas, entre otras acciones. Está urgencia se refleja en las palabra del presidente del comité, Víctor Zambrano: “Nuestras vidas corren peligro, existe el miedo, pero continuaremos protegiendo nuestros bosques y seguiremos adelante”.
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