Foto: FEMA

• Líderes religiosos exigen medidas urgentes y efectivas como la implementación de un sistema de monitoreo permanente para detener la expansión de esta actividad ilegal.

En los últimos años, la minería ilegal se ha expandido en diferentes departamentos del país, sobre todo en la Amazonía. Madre de Dios, Loreto y Amazonas, son solo algunos ejemplos de esta expansión que no solo degrada zonas de gran biodiversidad, sino también trae consigo algunos delitos conexos como el sicariato, explotación laboral, trata de personas, entre otros.

En este contexto, los obispos de los ocho vicariatos de la Amazonía emitieron un pronunciamiento conjunto para expresar su preocupación ante esta “expansión descontrolada” de esta actividad que afecta sobre todo a los pueblos indígenas.

En el documento difundido a través de las redes sociales, los líderes religiosos hicieron un recuento de los ríos que hoy están siendo afectados por la minería, entre ellos el Marañón, Huallaga, Nanay, Napo, Putumayo, Inambari, Madre de Dios, Pachitea, Pozuzo, entre otros.

Cabe resaltar que, en setiembre del año pasado, el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) informó que solo en el río Nanay (Loreto) se habían registrado 120 dragas de minería ilegal. Y el incremento de estas embarcaciones también estaba ocurriendo en otros diez ríos de la misma región.

En el pronunciamiento, los obispos afirman que la falta de oportunidades y la desatención del Estado hace que “cada vez más familias y comunidades se sumen a la minería ilegal como única forma posible de supervivencia”, y por ello el Estado “va perdiendo soberanía sobre sus propios territorios, ganados por la minería ilegal, cada vez más vinculada con otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de tierras y el crimen organizado”.

Ante esta situación, los religiosos condenan “la inacción por parte de las autoridades” y exigen que el Estado asuma su responsabilidad y brinden la protección efectiva a las comunidades afectadas para “garantizar su seguridad, así como sus derechos territoriales y ambientales, especialmente de las comunidades nativas”.

“Instamos a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes y efectivas como la implementación de un sistema de monitoreo permanente para detener la extensión e implantación de la minería ilegal en territorio amazónico y especialmente en los territorios indígenas”, indica el pronunciamiento.

Finalmente, los obispos resaltan la urgencia de “combatir enérgicamente los delitos asociados a la minería ilegal, especialmente la trata de personas para abuso sexual o laboral y el crimen organizado”.

Lee el pronunciamiento: