A mediados de noviembre de 2020, una noticia estremeció a la provincia de Purús en Ucayali: cuatro personas fueron asesinadas. Se trataba de una familia entera de indígenas en contacto inicial de la etnia mastanahua que se había establecido cerca del puesto de control de la Reserva Comunal Purús, en la comunidad nativa Santa Rey. Según las huellas encontradas, los responsables habrían sido los mashco piro, un grupo de indígenas en aislamiento que en los últimos años rodea el área cada vez con mayor frecuencia debido a la presión de sus territorios por actividades como la tala ilegal y el narcotráfico.

Preocupados por esta situación, las quince familias (unas 70 personas) de la etnia huni kuin de Santa Rey decidieron trasladarse para evitar otra tragedia. La comunidad se encontraba en el río Curanja, afluente del río Purús, a unas veinte horas en bote desde Puerto Esperanza, capital de la provincia. Ahora, desde diciembre pasado, han empezado desde cero en un espacio que les cedió la comunidad nativa Nueva Luz (unas ocho horas río abajo).

En la provincia de Purús existen 47 comunidades indígenas de las etnias cashinahua o huni kuin, sharanahua, culina, mastanahua, ashaninka y amahuaca, todas ellas habitan cerca o dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Purús, un área protegida creada para preservar la diversidad biológica y fomentar el manejo sostenible de los recursos en beneficio de las poblaciones locales.

Si bien el área destaca por ser aún una despensa de alimentos, los habitantes de la zona carecen de servicios básicos como agua y desagüe, salud, educación, electricidad o internet. Además, los productos de primera necesidad son escasos o caros debido a lejanía de Puerto Esperanza con Pucallpa, la ciudad peruana más cercana.

Por ejemplo, para llegar al nuevo territorio de Santa Rey se tiene que tomar un vuelo de hora y media desde Pucallpa a Puerto Esperanza, luego surcar (navegar río arriba) el Purús unas cinco horas y después “doblar” por el río Curanja otras tres horas más. El tiempo de viaje dependerá del tipo de embarcación y la crecida o vaciante del río. Mientras más agua, más fácil la navegación (noviembre a mayo) pero en ciertos meses el río baja tanto que ninguna embarcación puede transitar por sus aguas.

El costo para llegar a estas comunidades es caro pese a que existen vuelos subsidiados y vuelos humanitarios. Los subsidiados, por ejemplo, pueden costar de 160 a 200 soles, y los humanitarios no son constantes. Por ahora los vuelos subsidiados salen todas las semanas, pero hay temporadas en que estos no se programan por diversas razones.

Izquierda: proceso para la preparación de waka, un veneno natural para pescar. Derecha: la cultura viva de los huni kuin incluye el pintado de sus rostros con huito.

Se llama Teófilo, y pese a que viste una camiseta de la selección peruana con su nombre, sus padres no quisieron rendirle homenaje al famoso futbolista Teófilo Cubillas, sino a un personaje bíblico, nos aclara. Su nombre significa “amigo de Dios” o “amado por Dios”. Teófilo Roque Tachana tiene 32 años, tres hijos y es el jefe de la comunidad nativa Santa Rey.

“Desde hace años ya hemos tenido encuentros con los mashco piro, no es la primera vez. Siempre ellos nos han atacado con flechas y nosotros huíamos. La familia de la etnia mastanahua [se refiere a las personas que fueron asesinadas] vivía cerca de nuestro terreno. Cuando eso pasó, nosotros tuvimos un acuerdo para ya no estar allá, ya no queríamos vivir así, con miedo”, nos cuenta el líder indígena.

En medio de un espacio que pronto será la plaza principal de la comunidad, Teófilo Roque recuerda que ya son nueve meses desde que tuvieron que abandonar su territorio por seguridad ante el peligro que significaban los mashco piro. Sin embargo, resalta que este éxodo también fue motivado por la necesidad de estar más cerca de Puerto Esperanza, el único lugar donde existen servicios como hospital, Banco de la Nación, el colegio de secundaria, un centro de estudios superiores y un pequeño aeropuerto por si quisieran conectarse con el resto del país.

Teófilo, junto con otros comuneros, construyeron la escuela de la nueva comunidad.

No existe un río que conecte a la provincia de Purús con una ciudad como Pucallpa o Madre de Dios, tampoco una carretera debido a que su construcción implicaría la afectación del Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Comunal Purús y reservas destinadas a la protección de indígenas en aislamiento.

En el nuevo territorio ya tienen energía eléctrica gracias a paneles solares. Pagan diez soles mensuales, pero muchos están actualmente endeudados con Electro Ucayali. Por ejemplo, Teófilo debe ya varios meses debido a que no pudo conseguir el dinero. Lo poco que obtiene vendiendo productos como maní, yuca, pescado y carne de monte no le alcanza. Además, la pandemia los mantuvo varios meses sin poder realizar sus escasas transacciones comerciales con Puerto Esperanza. “A veces compran, a veces no compran. Es muy difícil porque no hay mucho mercado”, afirma.

En casi todo Purús, las clases virtuales son una ilusión. Las comunidades indígenas no cuentan con internet debido a su elevado costo (200 soles mensuales). Si bien las clases presenciales ya se han reactivado en las comunidades, solo existe la educación primaria. Además, las aulas no tienen una infraestructura adecuada para el aprendizaje. En Santa Rey, por ejemplo, el único salón de clases de madera fue construido hace poco por la propia comunidad.

Teófilo navega unos 20 minutos para llegar a Nueva Luz, la comunidad que les cedió el territorio que hoy ocupan.

Otra necesidad urgente son los servicios básicos como agua y desagüe. Santa Rey no tiene un pozo para abastecerse de agua potable. El agua para cocinar, lavar sus pertenencias y bañarse la obtienen directamente del río Curanja. Por ello esperan la pronta atención de las autoridades.

“Como jefe yo siempre pido apoyo, no para mi persona sino para mi comunidad. Necesitamos un bote grande con un motor grande. También necesitamos un pozo, un puesto de salud. Por ahora no hemos tenido respuesta del municipio de Puerto Esperanza porque hubo nuevo cambio de alcalde”, resalta el líder huni kuin.

Teófilo Roque también indica que, debido a este cambio de territorio, ahora Santa Rey solo es un anexo de la comunidad nativa Nueva Luz, por lo que ellos no tienen representatividad como antes. Es decir, no toman la decisión sobre el territorio en que habitan y, por lo tanto, temen que sus reclamos ante las autoridades no sean escuchados.

«Como jefe yo siempre pido apoyo, no para mi persona sino para mi comunidad».

Para que los niños de la nueva Santa Rey puedan jugar un partido de fulbito tienen que caminar media hora hasta Nueva Luz porque, por el momento, el espacio donde será su cancha deportiva aún luce con árboles recién tumbados y quemados. “Yo avanzaría con la limpieza, pero no tengo combustible para la motosierra”, dice Teófilo mientras recalca que la gasolina sirve tanto para movilizarse como para realizar algunos trabajos en la comunidad.

En toda la provincia de Purús, este combustible es casi un privilegio debido a su costo. Cada galón de 84 octanos cuesta entre 25 y 30 soles, el doble de lo que vale en cualquier ciudad del país. Cabe aclarar que ese precio es “cómodo” porque el combustible proviene de Brasil, de la ciudad fronteriza Santa Rosa do Purús. Si provendría de Pucallpa, sería impagable para cualquier habitante de estas comunidades debido a que el flete aéreo por cada kilo cuesta 7.5 soles. Es decir, cada galón costaría unos 50 soles.

Vista aérea de Santa Rey. Se observan aún los restos de árboles en el suelo.

Al igual que el combustible, diversos productos como el arroz, azúcar, fideos, aceite, gaseosas, agua mineral y hasta las cervezas, también provienen del vecino país porque resultan más cómodos para el bolsillo. En cambio, los productos peruanos son más caros. Una gaseosa peruana de medio litro cuesta 7 soles y una botella de aceite nacional puede costar hasta 20 soles. En cuanto al balón de gas brasileño, en Purús cuesta 135 soles.

Históricamente, la etnia huni kuin también habita territorio brasileño. Muchos tienen familiares en ambos países y, debido a la mejor calidad de vida que encuentran en el vecino país, algunos han optado por viajar a establecerse en dicho territorio. Sin embargo, no todos se acostumbran y regresan al Perú.

Teófilo Roque, por ejemplo, nos dice que jamás se iría del Perú a pesar que su padre y su hermana se encuentran allá. “No quisiera dejar mis terrenos, además Brasil es más peligroso y la vida allá es más diferente, son otras costumbres”, afirma.

Además del cultivo de plátanos, maní, yuca y sandías, las familias de Santa Rey se dedican a la pesca en río y cocha, además –al igual que otras comunidades vecinas– trabajan de la mano con instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en el aprovechamiento sostenible de huevos de tortugas como el teparo, la taricaya y la charapa. En este último caso, la población busca los huevos en las playas, aprovecha una cantidad para venta o consumo y el resto es reservado para completar su anidación y luego, al nacer, las tortugas son liberadas.

El pedido unánime de todas las comunidades es más presencia del Estado y la promoción de actividades productivas. A veces, el único representante del Estado que observan las comunidades durante meses es el guardaparque, un agente que tiene que hacer de “buzón de quejas” o de “mensajero” para llevar los reclamos hacia las ciudades. Héctor Belisario es uno de ellos.

Belisario también pertenece a la etnia huni kuin y hace ocho años trabaja como guardaparque del Parque Nacional Alto Purús. Su conocimiento de los territorios y el dominio de su idioma nativo le ha permitido transmitir el mensaje hacia ambas partes. Es decir, es capaz de explicar e informar a sus hermanos indígenas sobre los diversos proyectos que se desarrollan o pretenden desarrollar y, a su vez, ha logrado llevar las inquietudes de las comunidades hacia las autoridades como el Sernanp y sus aliados.

“Para poder sobresalir como pueblo indígena, lo primero que necesitamos es educación”, afirma Héctor Belisario. Asimismo, resalta que el tema de salud es otra necesidad que se debe atender de manera urgente. Y, como tercera prioridad, menciona la promoción de la agricultura, una actividad que en mayor medida solo se realiza para consumo propio.

“Hay muchas necesidades. Nosotros esperamos más presencia del Gobierno Regional de Ucayali, con sus oficinas de agricultura y producción, en los cuatro sectores donde trabajamos: Curanja, Alto Purús, Medio Purús y Bajo Purús, donde están las 47 comunidades y donde viven unas 3 mil personas”, agrega Belisario.

Asimismo, afirma con entusiasmo que cada vez más comunidades entienden el trabajo de conservación que se está desarrollando en la zona. “Nosotros no les decimos que no toquen [los recursos], sino que conserven. Que consuman responsablemente para que no se acaben las especies, si no en el futuro no habrá nada para sus hijos y nietos. La gente está entendiendo que esto es de ellos y no del Sernanp”, aclara.

Finalmente, sobre la falta de presencia del Estado, el jefe de la Reserva Comunal Purús, Rafael Pino, agrega que es indispensable que las autoridades brinden seguridad a sus ciudadanos, sobre todo a los que habitan en zonas de frontera.

“Se necesita que el Estado dé seguridad en el caso de las personas extrañas en el lugar que están atemorizando a las poblaciones”, dice en referencia a la población de Santa Rey y otras comunidades alejadas que han denunciado la presencia de personas ajenas al lugar que transitan por la zona de amortiguamiento de la reserva.

Con presencia policial y del Ejército, y con un sistema de comunicación más eficiente quizás la población de Santa Rey se hubiese sentido más segura y no hubiese dejado su territorio. Le preguntamos a Teófilo Roque si piensan retornar algún día, quizás cuando mejoren las condiciones de vida, pero responde que por ahora están seguros de no regresar, que es una decisión comunal que se respetará.

«Nosotros no les decimos que no toquen [los recursos], sino que conserven».

El pedido unánime de todas las comunidades es más presencia del Estado y la promoción de actividades productivas. A veces, el único representante del Estado que observan las comunidades durante meses es el guardaparque, un agente que muchas veces tiene que hacer de “buzón de quejas” o de “mensajero” para llevar los reclamos hacia las ciudades. Héctor Belisario es uno de ellos.

Belisario también pertenece a la etnia huni kuin y hace ocho años trabaja como guardaparque del Parque Nacional Alto Purús. Su conocimiento de los territorios y el dominio de su idioma nativo le ha permitido transmitir el mensaje hacia ambas partes. Es decir, es capaz de explicar e informar a sus hermanos indígenas sobre los diversos proyectos que se desarrollan o pretenden desarrollar y, a su vez, ha logrado llevar las inquietudes de las comunidades hacia las autoridades como el Sernanp y sus aliados.

“Para poder sobresalir como pueblo indígena, lo primero que necesitamos es educación”, afirma Héctor Belisario. Asimismo, resalta que el tema de salud es otra necesidad que se debe atender de manera urgente. Y, como tercera prioridad, menciona la promoción de la agricultura, una actividad que en mayor medida solo se realiza para consumo propio.

“Hay muchas necesidades. Nosotros esperamos más presencia del Gobierno Regional de Ucayali, con sus oficinas de agricultura y producción, en los cuatro sectores donde trabajamos: Curanja, Alto Purús, Medio Purús y Bajo Purús, donde están las 47 comunidades y donde viven unas 3 mil personas”, agrega Belisario.

Asimismo, afirma con entusiasmo que cada vez más comunidades entienden el trabajo de conservación que se está desarrollando en la zona. “Nosotros no les decimos que no toquen [los recursos], sino que conserven. Que consuman responsablemente para que no se acaben las especies, si no en el futuro no habrá nada para sus hijos y nietos. La gente está entendiendo que esto es de ellos y no del Sernanp”, aclara.
Finalmente, sobre la falta de presencia del Estado, el jefe de la Reserva Comunal Purús, Rafael Pino, agrega que es indispensable que las autoridades brinden seguridad a sus ciudadanos, sobre todo a los que habitan en zonas de frontera.

“Se necesita que el Estado dé seguridad en el caso de las personas extrañas en el lugar que están atemorizando a las poblaciones”, dice en referencia a la población de Santa Rey y otras comunidades alejadas que han denunciado la presencia de personas ajenas al lugar que transitan por la zona de amortiguamiento de la reserva.

Con presencia policial y del Ejército, y con un sistema de comunicación más eficiente quizás la población de Santa Rey se hubiese sentido más segura y no hubiese dejado su territorio. Le preguntamos a Teófilo Roque si piensan retornar algún día, quizás cuando mejoren las condiciones de vida, pero responde que por ahora están seguros de no regresar, que es una decisión comunal que se respetará.