Más de 120 dragas de minería ilegal están contaminando el río Nanay y la situación es crítica

Foto: Unidos por los Bosques/FCDS Perú

Según informe de MAAP, minería ilegal también afecta a otros diez ríos de Loreto. El río Nanay abastece de agua potable a la ciudad de Iquitos, que posee unos 160 mil habitantes.

Por Angela Rodriguez / arodriguez@spda.org.pe

En mayo de este año, guardaparques de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana fueron atacados por un grupo de delincuentes armados. Se trataría de presuntos mineros ilegales que han generado inseguridad en Alto Nanay, distrito ubicado a menos de cuatro horas de Iquitos, y en el que nace el río que abastece de agua a 160 mil personas que habitan la capital loretana.

La minería de oro en ríos es ilegal en Perú. Sin embargo, desde el año 2000 se ha reportado la aparición de dragas -embarcaciones acondicionadas escarbar bajo el río con el fin de extraer oro- en los ríos de Loreto. Con el transcurrir de los años, esta actividad ha ido en aumento, sobre todo a partir de la pandemia. En agosto de 2021, es decir hace poco más de dos años, el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, Carlos Castro, advertía en una entrevista para Actualidad Ambiental sobre este alarmante incremento.

“La cuenca del río Nanay se vuelve tierra de nadie, podría convertir a esta zona de Loreto en el nuevo Madre de Dios”, alertaba. Hoy, esta predicción se ha convertido en realidad, y esta zona de Loreto se ha convertido en el nuevo foco de la minería ilegal en el país. Solo en el río Nanay se han encontrado, entre 2022 y 2023, unas 122 infraestructuras mineras, según un reciente informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap).

Hallazgos de infraestructura minera ilegal en Loreto. Elaboración: MAAP. Datos: ACCA, Sernanp, FEMA-Loreto, SZF

El Nanay es el río con mayor presencia de minería en Loreto

Esta cifra sitúa a este río como el más afectado por la minería ilegal en Loreto, departamento en el que se ha detectado esta ilegal actividad en un total de 11 ríos y registrado el hallazgo de cerca de 280 infraestructuras mineras, entre dragas y otras embarcaciones dedicadas a la minería. Los ríos afectados, además de el Nanay, son Cotuhe, Curaray, Marañón, Mazán, Napo, Patayacu, Pintuyacu, Putumayo, Tigre y Yaguas

Elaboración: MAAP. Datos: ACCA

Además, la minería ilegal en el Nanay ha escalado en tecnología. “Han mejorado sus capacidades y condiciones, ahora tienen mejores equipos. Desde la primera vez que participé en un operativo en el 2020 a la actualidad he visto mejoras en sus sistemas de comunicación y de la implementación de las dragas. Por ejemplo, si antes usaban buzos, ahora utilizan un aparato que realiza en menos tiempo el trabajo que 4 personas hacían en más de 12 horas, esto les reduce el número de personas y el tiempo para extraer el oro”, explica Bratzon Saboya, fiscal adjunto de la FEMA Maynas.

El fiscal, que participa constantemente en los operativos de la FEMA Maynas para la intercepción de dragas en diferentes ríos de Loreto, también advierte una mejora en los equipos de telecomunicaciones. “Hemos visto Starlink -internet satelital- en los techos de las dragas”, afirma.

Dragas captadas en sobrevuelos que evidencian mejor equipamiento en telecomunicaciones. Foto: Unidos por los Bosques/FCDS Perú

Permiso minero cuestionable

El pasado 21 de agosto, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), a través de una resolución de presidencia, otorgó el título de una concesión minera en el distrito de Alto Nanay —denominada Raíces Gaddaffy— a Ricardo Moreno Valderrama, según reveló un informe periodístico de Ojo Público.

En diálogo con el portal de investigación, Ricardo Moreno Valderrama reconoció que se le otorgó esta concesión y afirmó que tiene previsto, a partir del próximo año, realizar extracción de oro dentro del área de mil hectáreas, ubicada en la comunidad de Puca Urco, en el distrito de Alto Nanay. Argumentó además que realizará la actividad minería aluvial, pero fuera del río. “A dos kilómetros de distancia”, aseguró.

Andrea Tello, coordinadora regional de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en Loreto, señaló que otorgar esta concesión en un momento como este, es retroceder en los intentos por parte de los defensores ambientales y autoridades como la FEMA en su lucha contra la actividad minera que está contaminando los ríos y poniendo en peligro a las poblaciones de Loreto.

“El otorgamiento de esta concesión minera en la cuenca del río Nanay, es un peligroso precedente que socaba los esfuerzos de la sociedad civil en visibilizar los impactos y las graves afectaciones a los ecosistemas, la vida y la salud de las poblaciones que habitan en la cuenca, y de los más de 500 mil habitantes de la Iquitos que tiene al río Nanay como su principal fuente de agua potable”, señaló.

La especialista hace también un llamado a las autoridades a atender con urgencia la situación crítica en la que se encuentra el río Nanay, no solo ambientalmente, sino también a nivel social. “Estamos ante un escenario que demanda la acción efectiva para no acarrear desastres mayores como ‘La Pampa’ en Madre de Dios, en donde la minera ha destruido bosques y fuentes de agua, degradado suelos y, especialmente, impactado severamente en los medios de vida de las poblaciones locales”, agregó la especialista.

Es preciso indicar que según la normativa actual no está permitida la minería en cuerpos de agua, es decir, la minería en ríos es ilegal. Asimismo, en el 2003, el Gobierno Regional de Loreto declaró la cuenca del Nanay como “zona de exclusión para actividades de extracción minera y para aquellas que alteren la cobertura vegetal”.

Líderes y defensores ambientales cuestionan

“Queremos que nos rindan cuenta sobre lo que hacen para luchar contra la minería ilegal, la población en la cuenca desconoce qué están haciendo”, expresó un poblador de la zona, cuyo nombre se mantiene en anonimato por motivos de seguridad, en una Mesa de Diálogo convocada por las autoridades comunales con apoyo de la Gerencia Regional del Ambiente (GRAM) a fin de que autoridades públicas y organizaciones de sociedad civil puedan brindar información y atender las necesidades de la población afectada directamente por la minería ilegal en Alto Nanay.