Foto: Vico Mendez / SPDA
- Según un estudio de MAAP, la minería ocasionó -desde 2021- la pérdida de unas 24 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios, afectando a comunidades nativas y áreas naturales protegidas.
En menos de tres años, la minería generó la pérdida de 23 881 hectáreas de bosques en Madre de Dios, según el estudio de imágenes satelitales recogidas en el último informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés). El área deforestada por la minería formal, informal e ilegal equivale a la extensión del distrito de Lurigancho-Chosica, el cuarto más grande de Lima Metropolitana.
En el caso de la minería formal e informal, esta se desarrolla en el denominado «Corredor minero» o «Zona de pequeña minería y minería artesanal», cuya área comprende 498 296 hectáreas. En este sector, el informe del MAAP estima que se deforestaron 18 174 hectáreas, desde 2021 hasta setiembre de 2023.
Es preciso señalar que, para ser considerado un minero formalizado, es necesario haber cumplido con una serie de requisitos que incluyen estar inscrito en el Registro de Formalización Minera (Reinfo), tener aprobado el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom), etc. De cumplir con el procedimiento, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y los gobiernos regionales, otorga una resolución de formalización.
En el caso de un minero informal, con la inscripción en el Reinfo este puede operar minería dentro del «Corredor minero», aún sin tener aprobado su Igafom. Como advertimos en Actualidad Ambiental, esta situación otorga a los mineros la opción de extraer minerales sin considerar impactos ambientales y sociales.
Respecto a las restantes 5 707 hectáreas deforestadas, estas se registraron fuera del «Corredor minero», es decir, en áreas prohibidas, lo que convierte a la actividad en minería ilegal. Los mineros ilegales no solo deforestan, también afectan cuerpos de agua como ríos, quebradas y cochas, afectando la salud de las personas, especialmente de población indígena. Según el Código Penal, las personas que realicen minería ilegal serán reprimidas con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
En las imágenes satelitales se observa que los mineros ilegales han ingresado a concesiones forestales de castaña ubicadas en la zona de Pariamanu, deforestando 161 hectáreas.
Pueblos indígenas y ANP afectadas por la minería
El estudio de las imágenes satelitales señala que territorios indígenas han perdido hectáreas de bosque. Las comunidades nativas perjudicadas con la actividad ilegal son Kotsimba, Barranco Chico, San José de Karene, Tres Islas, San Jacinto, Puerto Luz, Boca Inambari, Shiringayoc, Arazaire, y El Pilar. Del mismo modo, MAAP identificó deforestación minera en las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas (ANP), como la Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri. El informe resalta, además, que la minería al interior de las ANP fue controlada efectivamente por el Estado peruano, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).
Sin embargo, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas no han logrado controlar la minería ilegal en «La Pampa», sector que forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. En 2019, con el inicio del «Operativo Mercurio» se logró detener la expansión de la deforestación minera. La falta de continuidad de los operativos de interdicción llevó a que los mineros ilegales retornen a esta zona. Las imágenes satelitales difundidas por MAAP revelan el retorno de dragas y maquinaria en áreas deforestadas entre los años 2014 y 2018.
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