Impacto de la minería ilegal en La Pampa, Madre de Dios. Foto: Diego Pérez

• La minería ilegal en América Latina se ha expandido de forma acelerada en los últimos años, sobre todo en zonas fronterizas y la región amazónica, trayendo consigo destrucción y muerte. Por ello, organizaciones de Perú, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Venezuela presentarán esta problemática en audiencia temática en la CIDH.

En los últimos años la minería ilegal de oro y otros materiales se ha expandido de forma alarmante en América Latina. En países como Perú, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Venezuela esta actividad se ha convertido en una de las principales problemáticas socioambientales, y es responsable del asesinato de decenas de defensores ambientales. Los impactos de la minería ilegal van más allá del daño ambiental y afectan principalmente a las poblaciones indígenas, muchas de estas ubicadas en zonas fronterizas o lejanas, con poca presencia del Estado y en donde el crimen organizado ejerce mayor control.

Detrás del avance de esta actividad se encuentran factores como los bajos estándares de fiscalización ambiental y la corrupción gubernamental. Por ejemplo, en países como Nicaragua y Venezuela, se ha identificado que la minería ilegal es directamente operada y promovida por el mismo Estado y financia estructuras paramilitares. En Brasil y Perú, la situación no es muy distinta, pues se ha documentado la cooptación de autoridades de todas las esferas y niveles de gobierno por parte de estructuras criminales con inversiones en la minería ilegal.

En el caso de Bolivia, la comercialización del oro se ha convertido en la principal fuente de ingresos, lo que ha ocasionado que los sectores mineros cooperativistas cuenten con importante influencia política en el país.

Contaminación y muerte

La minería ilegal, que es una de las principales causas de deforestación en la cuenca amazónica, impacta directamente en los ecosistemas con la contaminación de aguas, así como de fauna y flora terrestre, marina y fluvial. Esto causa daños, muchas veces irreparables, en los territorios y formas de vida, sobre todo de los pueblos indígenas. En Brasil, la minería en tierras indígenas aumentó en 495 %, de 2010 a 2020.

En el caso de Perú, la minería ilegal avanza incluso sobre territorios destinados a la conservación. Solo entre el 2015 y 2017, 18 áreas naturales protegidas fueron afectadas por esta actividad. Asimismo, en este país se han registrado al menos 29 asesinatos de defensores y defensoras ambientales entre 2011 y 2022, crímenes que han sido motivados por la defensa del territorio frente a actividades como la minería ilegal.

Entre los países con mayor afectación por esta actividad resalta Venezuela, país en el que la minería ha devastado 2821 kilómetros cuadrados de bosque, el 50 % de los cuales forma parte de territorios protegidos, con el famoso Arco Minero de Orinoco, un sector creado en el 2016 por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el que el control lo ejercen grupos criminales y la cúpula militar.

En consecuencia, en Venezuela se han registrado al menos 38 masacres en zonas mineras entre el 2012 y 2020, según registró el Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerlas). Asimismo, al menos 32 defensores ambientales y líderes indígenas fueron asesinados. En Nicaragua, la cifra no es muy distante, pues se registraron al menos 55 personas fallecida en la actividad minera entre 2020 y 2023.

Audiencia temática y pedido a la CIDH

En este sentido, organizaciones de la sociedad civil y líderes indígenas de Perú, Brasil, Bolivia, y  Nicaragua y Venezuela, consideran necesario que esta problemática sea atendida a nivel internacional de forma urgente.

Por ello, el 8 de noviembre participarán de una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que presentarán un estudio regional sobre las principales violaciones de derechos humanos y daños ambientales. Con ello, esperan que la CIDH -órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos- elabore un informe regional, integre a las obligaciones estatales vinculadas a la prevención, fiscalización y sanción de la minería ilegal, los estándares de transparencia, participación ciudadana y protección de defensores/as ambientales contenidos en el Acuerdo de Escazú, entre otras acciones.

Dato:

• Las organizaciones que pidieron y participarán en esta audiencia temática son La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Centro Humboldt y la Fundación del Río de Nicaragua, SOS Orinoco de Venezuela, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Eca-Amarakaeri de Perú y Hutukara Associação Yanomami de Brasil.