• El mayor porcentaje de emergencias (73 %) se dio debido a la corrosión de ductos y fallas operativas. Solo el 23 % tiene como responsables a terceros.
• Datos fueron proporcionados a través del informe «Las sombras de los hidrocarburos», presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En los últimos 26 años, los derrames de hidrocarburos han generado la contaminación de suelos, aguas y la afectación a la salud de miles de personas, especialmente en regiones como Piura y Loreto, zonas que poseen en su territorio importantes lotes petroleros y albergan al Oleoducto Norperuano.

Según “Las sombras de los hidrocarburos”, informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde 1997 hasta el 2023, el Estado peruano registró 1462 emergencias por derrames de petróleo, de los cuales 831 se produjeron en la selva, 609 en la costa y 22 en la sierra. En cuanto a regiones, Loreto y Piura concentran el 87 % de las emergencias (707 y 566, respectivamente).

La información, recopilada a través de fuentes de instituciones estatales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), resalta además que solo entre 2021 y 2023 se registraron 460 emergencias.

El informe también detalla que los lotes con el mayor número de derrames son el 1AB (Lote 192), con 327 derrames; el lote 8, con 277; el lote X, con 189; el Z-2B, con 117; el XIII, con 110; y el Oleoducto Norperuano (ONP) con 139 derrames. Si hablamos de empresas, Pluspetrol es la que más derrames ha registrado (394), seguida por Petroperú (191) y Frontera Energy (113).

Cuadro: Aymara León

Causas de los derrames

El informe presentado el miércoles 14 de agosto, complementa los informes “La sombra del Petróleo” y “La sombra de hidrocarburos en Perú”, presentados en el 2019 y 2021, respectivamente. En ellos, y en el último documento, los especialistas especifican también las causas de los derrames de petróleo y resaltan que el mayor porcentaje de emergencias (73 %) se dio debido a la corrosión de ductos y fallas operativas. Solo el 23 % tiene como responsables a terceros.

Según Aymara León, coautora del informe, estos últimos datos son importante porque desmienten diversas noticias o afirmaciones que ponen como principales responsables de los derrames a las poblaciones indígenas, pese a que ellos son los principales afectados ante este tipo de emergencias.

La especialista también resaltó que existen divergencias entre OEFA y Osinergmin al momento de determinar las causas de los derrames. “A veces tenemos registros en donde Osinergmin afirma que un derrame fue causado por terceros, pero del mismo derrame el OEFA dice que fue por corrosión, o por fallas operativas. Esto llama bastante la atención”, explicó León, y sobre este punto agregó que existe la necesidad de las entidades trabajen de manera articulada para que “realmente sepamos lo que está pasando en estas zonas de explotación petrolera”.

Foto: Diego Pérez / SPDA

Pasivos sin atender

El documento también hace un recuento de los pasivos ambientales generados por la explotación hidrocarburífera. Según la última actualización del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta la fecha existen 3256 pasivos de hidrocarburos, de los cuales 167 son de alto riesgo, 1954 de mediano riesgo, y 1135 de bajo riesgo.

“Esta cifra es preocupante. Si bien ya sabemos de esta cifra desde hace tiempo, todavía no se están tomando las acciones para remediar de manera inmediata, sobre todo a estos casi 200 pasivos que tienen altos riesgos para la salud de las poblaciones”, alertó Aymara León.

Sobre la ubicación, la mayor parte se encuentra en el distrito La Brea (Piura), donde existen 1826 pasivos, de los cuales 94 son de alto riesgo. Otros distritos que concentran un alto número de pasivos son Lobitos y Zorritos, también en la región Piura. En total, Piura acumula el 95.82 % de pasivos (3120), y le sigue Tumbes con el 3.01 %, con 98 pasivos.

Foto: Aidesep

Datos son del propio Estado

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El objetivo de este documento, según los autores “es abrir la discusión y construir rutas de reflexión para lograr cambios en tres ámbitos: el de los daños y la contaminación; el de las respuestas a estos daños; y, finalmente, el que respecta a la compleja situación de alternativas a la dependencia de matriz energética del petróleo. De esta forma, se pretende otorgar herramientas para nutrir los procesos sociales impulsados desde la sociedad civil, en particular desde las organizaciones indígenas y de pescadores, así como elementos para la toma de decisiones desde el Estado”.

En conversación con Actualidad Ambiental, Aymara León señaló que, a diferencia de los dos anteriores informes, este último presenta una actualización detallada con la cual se puede realizar una comparación respecto a derrames de años anteriores y con ello se puede hacer proyecciones. Asimismo, destacó la incorporación de las voces de las personas afectadas, de los funcionarios públicos, académicos, entre otros.

Respecto a la obtención de datos, la especialista señaló que “aunque es difícil obtener los datos, es importante resaltar que en el Perú, y por lo menos en estos temas ambientales, funciona hasta cierto punto la función de transparencia del sector público. El problema es que a veces la información es contradictoria”.

León hizo referencia a la falta de uniformización de data presentada por el OEFA y Osinergmin. En ese caso precisó que “si habría voluntad de estos sectores se puede crear una mesa para poder comenzar a integrar esta información, y no solo la información sino también la respuesta ante derrames, una respuesta integral que agrupe a los ministerios de Salud, Cultura, Vivienda, entre otros, sectores que tienen competencia pero intervienen de manera aislada”.

Finalmente, manifestó que -para el caso de derrames- es necesario que el Estado desarrolle su propia base de datos y la socialice para una mejor gestión de estas emergencias y la respectiva remediación.

Dato:

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