• Investigación sobre Perú expone cómo actores y redes criminales contribuyen a la deforestación ilegal y la degradación ambiental.

Las 70 millones de hectáreas de selva tropical de Perú están siendo arrasadas a velocidades alarmantes. En 2020, el país registró un récord de destrucción de 203 mil hectáreas, casi 40 % por encima de 2019. Por ello, urge conocer las causas para poder enfrentarlas y proteger este territorio único habitado por miles de especies de flora y fauna, y pueblos indígenas ancestrales.     

En ese contexto, InSight Crime y el Instituto Igarapé lanzaron la segunda entrega de “Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía peruana”, una publicación que recoge una serie de investigaciones cuyo objetivo es poner en evidencia cómo los delitos ambientales son lesivos para los ecosistemas naturales y las comunidades que habitan la cuenca amazónica. 

El estudio es el resultado de un año de trabajo que incluyó la revisión de fuentes de dominio público como notas y reportajes elaborados por SPDA Actualidad Ambiental, así como entrevistas telefónicas y presenciales con expertos ambientales, funcionarios del Estado, autoridades y académicos en Perú. El análisis se complementa con una herramienta de visualización de datos desarrollada por el Instituto Igarapé: EcoCrime Data.

Delitos ambientales en el Perú

De acuerdo a la investigación, Perú es el mayor productor de oro de Latinoamérica, y cerca del 28 % de su oro se extrae de manera ilegal. Las alzas sostenidas en los precios del oro son el motor de una fiebre del oro ilegal, y un buen número de actores criminales se lucran de ella.

Clasificado entre los diez países más biodiversos del mundo, Perú es segundo, después de Colombia, en número y variedades de aves. También es uno de los primeros países del mundo por su diversidad de anfibios, mamíferos y plantas, lo que lo convierte en un punto crítico para el tráfico de vida silvestre.

Desde la expansión agrícola desenfrenada hasta el contrabando de animales, la corrupción engrasa las ruedas de los delitos ambientales causantes de la destrucción de la selva amazónica en Perú. Esta investigación conjunta pone al descubierto esas amenazas y las turbias interacciones entre actores económicos legales e ilegales, lo que a su vez genera desafíos adicionales. El informe destaca también la forma como estos actores agravan la degradación ambiental en un momento de aceleración del cambio climático y la agitación sociopolítica en Perú.

“Los delitos ambientales no son solo un desafío nacional, también regional. Muchos procesos extractivos ilegales en Perú tienen estrecha relación con los delitos ambientales en el resto de la cuenca del Amazonas. Los delitos ambientales hacen parte de una economía regional más amplia”, comenta Melina Risso, directora de investigaciones del Instituto Igarapé.

¿Cómo erradicar de raíz los delitos ambientales?

El estudio también explora cómo el Estado, las autoridades y gobiernos locales, han sido incapaces de contener los delitos ambientales en los últimos años, en especial la minería ilegal. Las débiles protecciones ambientales y la defectuosa regulación de la tierra dificultan aún más el control de esos delitos. Para complicar las cosas, añade el estudio, las élites políticas y económicas o no se enteran o son cómplices de la destrucción de la selva tropical.

“Gracias a la inestabilidad política crónica, los actores ilegales encuentran terreno fértil para los delitos y la depredación ambientales en Perú”, opina Jeremy McDermott, director ejecutivo y confundador de InSight Crime.

Asimismo, la confluencia de actores corruptos que se benefician de los delitos ambientales y la crisis política que ha vivido Perú en los últimos años ha debilitado la capacidad y los recursos estatales para combatir los delitos ambientales. Por otro lado, el Gobierno peruano sigue priorizando el desarrollo económico sobre la protección de la selva amazónica.

En ese sentido, Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en declaraciones para el equipo de Insight Crime, consideró que “la pandemia del COVID-19 ha debilitado aún más nuestra institucionalidad y capacidad de prevenir y enfrentar los delitos ambientales. En efecto, en el caso peruano, durante el año 2020 solo se registraron 317 condenas por la comisión de delitos ambientales de un total de 7125 denuncias registradas sobre la materia por el Ministerio Público (56.5 % más que en el 2019)”.

Pese a esos muchos obstáculos, “Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía peruana” muestra que la acción colectiva a nivel local, nacional, regional e incluso global es esencial y posible. El estudio apunta a varias soluciones a los desafíos que presentan los delitos ambientales, incluido un enfoque integrado que incluya las instituciones de orden público, las autoridades ambientales, organizaciones de la sociedad civil y, en especial, las comunidades locales. Finalmente, considera que la cooperación es vital para combatir en los niveles más altos a los actores ilegales que ganan con la destrucción de la Amazonía. Una estrategia limitada, basada en la inteligencia y las instituciones de orden público no son suficientes por sí solas.

Revisa la publicación completa en Español aquí:

https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2022/06/2022-05-30-InsightCrime-Igarape-Peru-ES.pdf

También puedes encontrar la publicación en Inglés y en Portugués.

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Sobre el Instituto Igarapé:

El Instituto Igarapé es un centro de pensamiento líder que opera de manera independiente en los campos de la seguridad pública, climática y digital. El Instituto está comprometido con la elaboración de propuestas basadas en datos y soluciones construidas sobre evidencias y alianzas estratégicas para generar cambios progresistas. La organización promueve la transformación positiva mediante la investigación aplicada, el diseño de nuevas tecnologías y la comunicación proactiva para modelar las políticas públicas e influir en los tomadores de decisiones. 

Sobre insightcrime.org:

InSight Crime es una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la principal amenaza para la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado. Durante una década, InSight Crime ha cruzado fronteras e instituciones para ahondar en el debate e informar sobre el crimen organizado en el continente americano.