Junta General de Accionistas de Repsol 2024. Foto: Repsol

• A casi dos años y medio del derrame de unos 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, organizaciones ambientales y de derechos humanos cuestionaron a la empresa española sobre la falta de transparencia en la evaluación de daños y procesos de compensación, y exigieron una autocrítica. 

El 15 de enero de 2022, se vertieron unos 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla debido a un incidente ocurrido en la Refinería La Pampilla, operada por la empresa española Repsol. Hasta ahora, casi dos años y medio después del desastre ambiental, la empresa no ha cumplido con la remediación total del daño ni la reparación civil a los afectados, la cual ha tenido irregularidades. 

Para solicitar claridad al respecto, representantes de Oxfam Intermón, Greenpeace y Finanzas con Derechos Perú participaron en la Junta General de Accionistas de Repsol, realizada en Madrid el pasado viernes 10 de mayo. Las organizaciones accedieron a la reunión gracias a que un accionista de la petrolera les delegó su participación, según indicó María Bardolet Dilme, encargada de Incidencia Política de la Fundación Oxfam Intermón de España, quien también mencionó que la petición de responsabilidad por parte de Repsol está respaldada por más de 80 organizaciones y 1600 firmas. 

Nere Basterra García, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, cuestionó a los inversionistas mediante un pliego de cinco preguntas donde se aborda la falta de transparencia en la evaluación de daños y procesos de compensación, las cuales son percibidas por los afectados como “injustas e impuestas” por los damnificados. 

Las preguntas planteadas  

Antes de llevarse a cabo la Junta General de Accionistas, las organizaciones ambientales habían hecho llegar una carta abierta con el pliego de preguntas a Repsol. Las preguntas están basadas en un informe elaborado por Oxfam, CooperAcción, Alianza por la Solidaridad (ActionAid), Greenpeace y Finanzas con Derechos Perú. 

La primera pregunta refiere a la necesidad de transparencia en sus estudios de evaluación de impacto de daños y procesos de compensación: ¿en qué fecha va Repsol a hacer públicos sus informes de valoración de impactos en derechos humanos y de valoración de daños?  

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas establecen que debe incluirse una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos en los procesos de debida diligencia. Además, esta evaluación debe ser comunicada. Sin embargo, Repsol aún no publica el informe de evaluación. 

La segunda pregunta es respecto a la ausencia de remediación ambiental a dos años del desastre: ¿cuándo va a implementar Repsol los planes de remediación ambiental en las zonas afectadas y cómo va a garantizar transparencia y participación de las partes afectadas conforme a los estándares internacionales? 

María Bardolet, de Oxfam Intermón, indicó que los planes de remediación ambiental presentados por la empresa al Gobierno peruano no cumplen con los requisitos necesarios para ser admitidos a trámite y, por ende, ser implementados. Hasta la fecha, no se ha iniciado la rehabilitación ambiental. 

La tercera consulta es producto de la percepción de los damnificados que consideran injustas las compensaciones brindadas por la empresa: ¿qué medidas va a tomar Repsol para saldar las deudas pendientes y garantizar compensaciones justas y adecuadas para todas las partes afectadas? 

La identificación de las partes perjudicadas fue un aspecto problemático en el proceso de compensación, pues se advirtió de vacíos en el padrón de afectados debido a contradicciones en cifras en las zonas dañadas, lo que impedía determinar con exactitud la cantidad de afectados. Dicho padrón fue elaborado por el Gobierno dos meses después de la catástrofe, Repsol —como lo indica la ley peruana— también debió elaborar uno propio inmediatamente, pero no lo hizo y la compensación procedió con base en el padrón proporcionado por el Indeci. 

La cuarta pregunta continúa con las dudas respecto a la compensación, esta es producto de la no consideración de los impactos diferenciados sobre las mujeres: ¿cómo va a abordar y remediar Repsol los impactos del derrame sobre las mujeres? 

El informe mencionado señala que las indemnizaciones que Repsol les ha ofrecido hasta la fecha son calificadas como “abuso y decepción” por las personas damnificadas. Las compensaciones no toman en cuenta la disparidad en las consecuencias sobre las mujeres, quienes han tenido dificultades al no ser consideradas “pescadoras propiamente dichas” por dedicarse a otros aspectos de la industria pesquera como el procesamiento de las especies o por ser armadoras. 

La última interrogante es un pedido de autocrítica: ¿qué cambios va a incorporar Repsol en la implementación de sus políticas de derechos humanos y prácticas de debida diligencia? 

Las organizaciones solicitan un ejercicio de autocrítica y una revisión del desastre ambiental y los mecanismos aplicados, para que en caso suceda un accidente similar en el futuro, la respuesta de la empresa sea mejor frente a lo que ocurre con el derrame en Perú. La consulta se realiza debido que, a pesar de que la empresa española se considera a sí misma un referente en la aplicación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos; esta aún no publica su informe de evaluación de impactos en derechos humanos y ambientales. 

La respuesta de Repsol en la junta 

El encargado de responder a las preguntas fue Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. Imaz enfatizó que “Repsol no fue responsable de la causa original del accidente de Perú”, esto debido a que, según la empresa, la culpa es del movimiento del buque Mare Doricum, propiedad de la empresa italiana Fratelli d’Amico Armatori, que transportaba el hidrocarburo. Lo mencionado por Jon Imaz va acorde con la respuesta que dio Repsol al informe de las organizaciones. 

“Repsol no asume —en términos legales— esta responsabilidad porque no estuvo en el origen de la causa, pero lo que Repsol hizo desde el primer momento fue actuar. Y, más allá de la responsabilidad legal que pudiera corresponder a otros, en el primer momento del derrame en Perú en 2022 acometimos todas las acciones necesarias. Hemos destinado más de USD 300 millones a limpieza, a remediación, a compensaciones en las zonas afectadas”, afirmó Josu Jon Imaz.  

El CEO de Repsol asegura que “toda zona afectada ya cumplía con los estándares de calidad ambiental desde el segundo semestre de 2022, contrastable con los estudios presentados a las autoridades peruanas”.  

Sin embargo, hasta enero de 2024, el Instituto del Mar Peruano (Imarpe) señaló que aún hay 7 estaciones que reportan niveles de toxicidad, de las cuales 4 reportan un nivel de “Alta toxicidad”. Además, también en enero de 2024, la Defensoría del Pueblo indicó que “a dos años del derrame de petróleo frente al mar peruano, aún no se inicia la etapa de rehabilitación ambiental”. Asimismo, Defensoría también dio cuenta, en abril de este año, de irregularidades “a partir de información no verificada en la elaboración del ‘Padrón Único de Afectados’”. 

Respecto a la compensación económica, el ejecutivo de Repsol indicó que su compañía ha reparado a 10 mil personas que figuran en el Padrón Único de Afectados, elaborado por el Gobierno Peruano. La empresa señala que se ha cubierto al 98 % de los damnificados según el padrón y que ha solicitado ayuda del estado para poder ubicar al porcentaje restante. A pesar de ello, organizaciones de pescadores y operadores turísticos protestan por la inclusión de 30 mil personas en un segundo padrón. 

Las cuestiones planteadas por las organizaciones ponen de manifiesto desafíos en cuanto a la responsabilidad corporativa y el respeto a los derechos humanos por parte de Repsol. Las preocupaciones sobre la transparencia en evaluación de daños y las compensaciones percibidas como injustas persisten mientras la rehabilitación ambiental no inicia.