Imagen: SPDA

• La delegación del Comité de Defensa del Agua y la congresista Ruth Luque impulsarán una audiencia de rendición de cuenta de todas las autoridades con competencias en la lucha contra la minería ilegal.

Los defensores ambientales Marcelina Angulo y José Manuyama, viajaron hasta Lima acompañados de una delegación conformada por aliados de la sociedad civil, en representación de 40 comunidades asentadas a lo largo de la cuenca del río Nanay y más de medio millón de personas de Iquitos, quienes piden que las autoridades nacionales impulsen una lucha articulada para erradicar la minería ilegal de esta cuenca que les abastece de agua y alimento.

Tanto Angulo y Manuyama lograron reunirse con los responsables técnicos de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, y con el despacho de la congresista Ruth Luque, a quienes presentaron una carta en la que solicitan que la mencionada comisión convoque a una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de las autoridades que tienen responsabilidades en la lucha contra la minería ilegal.

Según los defensores ambientales, el propósito de esta audiencia será transparentar las acciones y desempeño de los titulares de ministerios como Energía y Minas, del Ambiente, Cultura, Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, además de funcionarios del Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el Gobierno Regional de Loreto, y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Los defensores también llevaron la propuesta del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, que plantea la aprobación de una ley que refuerce la prohibición de otorgar concesiones y autorizaciones mineras en ríos amazónicos y zonas aledañas. Esto último, según explicaron los líderes y defensores ambientales loretanos, a fin de evitar que se repita lo ocurrido en agosto de este año, cuando Ingemmet otorgó un título de concesión minera sobre el río Nanay.

La delegación que llevó las peticiones de las comunidades del Alto Nanay e Iquitos, también expresó la necesidad de que desde el Gobierno Nacional se impulse de manera prioritaria la planificación y ejecución de una “acción integral de intervención que aborde además de la interdicción, la captura de los cabecillas, operadores y financistas de la minería ilegal, así como el crimen organizado trasnacional asociados a esta”.

En este sentido, pidieron al despacho de la congresista Ruth Luque que exija al Gobierno este pedido y el de la aplicación de acciones e inversiones de desarrollo sostenible integral para la cuenca del río Nanay.

Minería en el Nanay

Como se recuerda, solo en el río Nanay se han encontrado, entre 2022 y 2023, unas 122 infraestructuras mineras, según un reciente informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Asimismo, las comunidades en el distrito de Alto Nanay -donde se encuentra la cabecera de este río y en donde se viene desarrollando la ilegal actividad- vienen denunciando desde el 2019 el alarmante crecimiento de la minería en su zona y constantes amenazas a sus vidas.