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• Balance del Segundo Foro Regional sobre personas defensoras de derechos humanos donde participaron países de Latinoamérica y el Caribe.

Escribe: Diana Suárez / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

En septiembre pasado se realizó el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá.

En este importante espacio, representantes de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como representantes de distintos países de la región, organismos internacionales y otros miembros de la sociedad civil como la SPDA, pudieron intercambiar experiencias y discutir la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, con la finalidad de encontrar las mejores alternativas para una adecuada implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que versa sobre la protección de estas personas.

En ese sentido, se recopilaron importantes aportes para la construcción del Plan de Acción Regional sobre personas defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.

¿Cuál es la función del Plan de Acción Regional?

Como punto de partida, se debe tener en cuenta que, producto de la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP), celebrada en Santiago en abril de 2022, los países acordaron establecer un Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, actualmente conformado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. Así también, se acordó la elaboración de un Plan de Acción Regional, a cargo del Grupo de Trabajo ad hoc, para ser presentado en la segunda reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes para su consideración y aprobación en el año 2024.

Como sabemos, para que un tratado internacional se implemente y no quede en letra muerta, es necesario que los Estados parte aprueben instrumentos comunes que direccionen sus políticas públicas y se conviertan en acciones concretas. En ese sentido, el Plan de Acción Regional es una herramienta que busca la implementación del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú a través de directrices que buscan cubrir acciones, encaminadas en ejes, para garantizar la promoción, prevención y protección de los defensores en asuntos ambientales.

Por ello, en este foro se presentó el segundo borrador del Plan de Acción Regional, con el objeto de promover la discusión e intercambio de experiencias para recopilar formular recomendaciones y aportes al documento. Este documento propone cubrir cuatro ejes:

• Generación de conocimiento para sensibilizar sobre el trabajo que hacen las personas defensoras.
• Reconocimiento de la labor y aporte de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, contribuyendo al desarrollo de una cultura en favor del derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
• Fortalecimiento de capacidades, apoyo a la implementación nacional y cooperación para contribuir al desarrollo e implementación institucional de diferentes políticas, planes, mecanismos y/o medidas a nivel nacional para la protección y promoción de los derechos de las personas o grupos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
• Seguimiento y revisión del plan de acción regional en el marco de la arquitectura institucional del Acuerdo de Escazú, de acuerdo con el principio de transparencia y rendición de cuentas.

¿En qué aspectos se puede hacer mejoras para el Plan de Acción Regional?

Durante el foro, el Grupo de Trabajo ad hoc recopiló recomendaciones al Plan de Acción Regional vinculadas a las medidas de reparación, financiamiento, y justicia ambiental.

Al respecto, una de las recomendaciones concretas al Plan de Acción Regional fue aquella vinculada a priorizar el enfoque de prevención de la vulneración de derechos por parte de los Estados parte a través del fortalecimiento de la justicia ambiental.

La versión de Plan de Acción Regional presentada en este foro incluye como mecanismos de prevención a ejes como la generación de conocimiento y el reconocimiento de las personas defensoras ambientales.

Estos mecanismos buscan, por ejemplo, que los Estados a impulsen acciones en gabinete para generar diagnósticos sobre la situación de las personas defensoras ambientales que sirvan a su vez para capacitar a la sociedad civil y funcionarios públicos, como operadores de justicia; así como, que se pueda contar herramientas adecuadas y efectivas para el reconocimiento de las personas defensoras ambientales.

No obstante, consideramos que la prevención no se agota ahí. Es fundamental cerrar este ciclo de prevención a través de mecanismos que garanticen el acceso efectivo a la justicia ambiental de las personas defensoras ambientales, lo cual implicará, por ejemplo, que sus denuncias sean realmente investigadas y concluyan en sentencias justas y oportunas; así como que tengan una reparación justa por los daños ocasionados y no sean criminalizados por denunciar vulneraciones de derechos.

Si bien muchos testimonios e intervenciones de personas defensoras ambientales y la sociedad civil estuvieron relacionadas a la deficiente justicia ambiental en los países de la región, el actual borrador de Plan de Acción Regional no pone énfasis en estos aspectos, por lo que fue uno de los principales temas que se discutieron en este espacio estratégico para que sean incorporados en una versión final.

Foto: SPDA

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Se espera que, en los próximos meses, el Grupo de Trabajo ad hoc presente un nuevo borrador de Plan de Acción Regional y, sobre todo, que haya incorporado los aportes recopilados durante este segundo foro. Este nuevo borrador deberá ser sometido a un nuevo proceso de consulta pública para que personas defensoras ambientales y la sociedad civil en general tengan la oportunidad de formular aportes finales al documento.

Cabe señalar que tener un Plan de Acción regional consensuado y que refleje las necesidades y preocupaciones reales de las personas defensoras ambientales es fundamental, ya que este instrumento definirá la ruta que deberán implementar los Estados parte en sus planes de acción nacional, para garantizar la promoción, prevención y protección de estas personas que se encuentran en constante riesgo a causa de la defensa que ejercen sobre el ambiente desde sus territorios.

Por ello, y más aún cuando el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de derechos humanos que promueve, entre otros, el ejercicio de los derechos sobre acceso a la información pública, la participación pública, y la protección de las personas defensoras del ambiente; resulta fundamental que el Plan de Acción Regional sea sometido a un proceso de consulta pública que garantice la transparencia, publicidad, difusión, accesibilidad del proceso en sí y, sobre todo, que llegue a todas las personas involucradas directamente en la defensa de las personas defensoras del ambiente para que sus voces puedan ser escuchadas. Por ello, es fundamental que este proceso tenga un enfoque de interculturalidad

El Grupo de Trabajo ad hoc deberá presentar la versión final del Plan de Acción Regional en la siguiente Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Santiago en abril del 2024.

Por ello, como ciudadanía debemos permanecer vigilantes a la publicación del proceso de consulta pública del Plan de Acción Regional y al proceso de consulta pública del instrumento.

Finalmente, la participación numerosa de personas defensoras ambientales y representantes de la sociedad civil de países que aún tienen pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú, como es el caso de Perú y Brasil, nos deja como lección de que es importante involucrar a los Estados no parte, no solo porque experimentan realidades y amenazas similares a los Estados parte, por lo que también necesitan ser escuchados (recordemos que América Latina y el Caribe es la región donde resulta más peligroso defender el ambiente), sino porque sus aportes serán esenciales para la construcción de instrumentos como el Plan de Acción Regional.