Foto: UN Climate Change / Kiara Worth
- Los 300 mil millones de dólares para 2035 comprometidos en la COP29 constituyen apenas el 12 % del presupuesto militar mundial en 2023.
Por Francisco Parra, Marcela Martins y Maximiliano Manzoni*
“Trillions, not billions”, fue el grito más repetido durante las dos semanas que duró la COP29 en el estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán. La traducción puede ser una trampa para quienes hablan español, ya que “trillions” en inglés significa billones, mientras que “billions” es miles de millones.
La demanda no fue escuchada. La cumbre climática cerró las discusiones sobre la nueva meta financiera para enfrentar el cambio climático en 300 mil millones de dólares para 2035, un billón menos de lo que fue la demanda conjunta de los países en desarrollo.
La “nueva meta colectiva global cuantificada” o NCQG por sus siglas en inglés, se puede desglosar en los siguientes elementos:
- Los países desarrollados “liderarán” la entrega de 300 mil millones de dólares al año para 2035 hacia países en desarrollo para enfrentar la crisis climática. Esto representa 3 veces el compromiso realizado hace 15 años para cumplirse a partir de 2020, lo que se realizó solo a partir de 2022 y con varias críticas al cálculo.
- La meta provendrá de una variedad de fuentes públicas o privadas, así como de bancos multilaterales (los que de por sí proyectan entregar 170 mil millones para 2030). A su vez, se les solicita a los países en desarrollo que puedan hacer contribuciones voluntarias y se “reconoce” la necesidad de financiamiento público basado en subvenciones y no préstamos, formato que representa cerca del 70% del financiamiento climático desde 2016.
- Se llama a todos los actores a escalar el financiamiento climático hacia países en desarrollo hasta al menos 1.3 billones de dólares al año para 2035. Se acordó que Azerbaiyán y Brasil – como presidencias de la COP29 y 30, respectivamente – trabajarán en conjunto en una “hoja de ruta” para cumplir este objetivo.
- La meta no tiene sub-metas específicas para adaptación o pérdidas y daños, como pedían los países latinoamericanos, pero reconoce la existencia de las brechas de financiamiento en esos ámbitos.
- La meta será revisada en 2030 en conjunto con el Balance Mundial, el proceso de evaluación de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
La decisión se adoptó a las 3 am del domingo de Bakú, más de 30 horas después del cierre oficial, con varias críticas a la forma y al fondo en que se realizó.
La representante de India repitió en tres ocasiones que su país se oponía a la adopción de la decisión. “Este documento es una ilusión óptica”, afirmó Chadni Raina.
A su llamado de objeción al supuesto consenso decretado solo minutos antes por parte de Mukhtar Babayev, presidente de la COP29, se sumaron Bolivia y Nigeria. “Esta meta de financiamiento que pretende convertir a países en desarrollo en contribuyentes al financiamiento que los desarrollados deben hacer socava la Convención y el Acuerdo de París, volcando el flujo de recursos del sur hacia el norte en un nuevo colonialismo ambiental. El acuerdo no deja margen de mejora en tiempo prudencial. Los 300 mil millones representan menos hoy de lo que eran los 100 mil millones en 2009, si tenemos en cuenta la inflación (…) esto no garantiza el respaldo suficiente a dos rondas de compromisos climáticos en los próximos diez años”, declaró el representante de Cuba.
El único que alabó la cifra fue Wopke Hoekstram, representante de la Unión Europea. Citando el difícil momento geopolítico internacional, aseguró que la COP29 representa “una nueva era en el financiamiento climático”, que el bloque regional “liderará” los esfuerzos de financiación y que están “triplicando la meta de 100 mil millones. Es un objetivo ambicioso, realista y realizable”.
La polémica en torno a la cifra
Los últimos días de la COP29 estuvieron marcados por la incertidumbre y la falta de acuerdo entre posiciones evidentemente alejadas en torno a la nueva meta. Solo unas horas antes del plenario final, la ministra de Brasil, Marina Silva, declaró que “recién ayer – viernes, día de cierre oficial – tuvimos acceso a un valor en relación a la meta de financiamiento, con muchos temas por discutir aún”.
Y es que prácticamente todos los cálculos existentes – con sus variaciones en metodología – que estiman la necesidad de países en desarrollo en financiamiento climático, establecen cifras más altas que la decidida en Bakú. El Independent High-Level Expert Group on Climate Finance, por ejemplo, estimó que se requieren entre 1,33 y 1,81 billones al año para 2030 en mitigación; entre 200 y 250 billones al año para 2030 en adaptación; y entre 200 y 400 billones al año para 2030 en pérdidas y daños.
El grupo, liderado por Amar Bhattacharya, Vera Songwe y Nicholas Stern, emitió un comunicado al cerrarse la decisión en la COP29 reconociendo el avance de la meta, la que, sin embargo, “está muy por debajo de los 390 mil millones de dólares anuales para 2035 que, según nuestro trabajo, serían necesarios para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París”.
Según el trabajo del grupo, el aporte en financiamiento bilateral debería ser “por lo menos” 300 mil millones de dólares por año hasta 2030 y 390 mil millones para 2035. Eso, más otras fuentes como bancos multilaterales, otros países en desarrollo y financiamiento privado, es lo debería permitir escalar hasta a los 1,3 billones para 2035.
300 mil millones de dólares representan apenas el 12% del gasto militar anual de 2023. Otro estudio estimó que los países desarrollados podrían recaudar 5 billones al año solo a partir de un impuesto a los “súper ricos”, redistribución de presupuestos militares y dejar de subsidiar combustibles fósiles. Según el Center for Global Development, un billón de dólares es alrededor del 1% de la renta mundial anual.
“Algunos países productores de petróleo, como México, Colombia, Indonesia y Brasil, anunciaron nuevos y significativos compromisos de transición energética. Sin embargo, su camino y el de otros países ricos en recursos sigue siendo extremadamente tenue hasta que los países de mayores ingresos entreguen su parte justa de fondos al Sur Global en subvenciones, no en préstamos. Es en interés de todos -incluido el suyo propio- que el G7 y otros países ricos promuevan la equidad y la justicia y financien rápidamente una transición energética justa”, afirmó Suneeta Kaimal, presidenta del Natural Resource Governance Institute, para quien el acuerdo hace poco por avanzar en la calidad de la financiamiento que se contabilizará para cumplir el objetivo.
Por su parte, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aseguró que “este nuevo objetivo es una póliza de seguro para la humanidad, en un momento en que el empeoramiento de los efectos del cambio climático afecta a todos los países. Pero, como cualquier póliza de seguros, sólo funciona si las primas se pagan íntegramente y a tiempo. Las promesas deben cumplirse para proteger miles de millones de vidas”.
“Acuerdo malo”
Ante el escenario que se vislumbraba en las últimas horas, la sociedad civil comenzó a repetir la consigna: «Ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo». El resultado alcanzado, muy por debajo de lo esperado, reflejó, sin embargo, el esfuerzo de algunas partes, incluido Brasil, por no salir de Bakú sin al menos un piso garantizado, considerando el contexto de la política global.
Silva dijo en su discurso, poco antes del acuerdo, que «es fundamental, sobre todo después de la difícil experiencia que estamos teniendo aquí en Bakú, llegar a un resultado mínimamente aceptable para todos nosotros frente a la emergencia que estamos viviendo». «Solo así podremos cumplir, en Brasil, la misión más importante que la humanidad nos delega cada año, esperando que tengamos la capacidad de cumplirla», añadió.
De organizaciones de la sociedad civil surgieron varias críticas. Gerry Arances, director ejecutivo del Centro de Energía, Ecología y Desarrollo (CEED), dijo que «el texto del NCQG pretende abordar la crisis, pero llamémoslo por su nombre: demasiado poco, demasiado tarde. El mensaje de las naciones ricas es claro: sus beneficios por los combustibles fósiles importan más que las vidas de quienes se ahogan, mueren de hambre o huyen de sus hogares debido a los desastres climáticos».
Mercados de carbono: por favor cumplan las reglas
Los primeros aplausos de una conferencia pasada de horas y de tensiones se dio con la aprobación, tras casi una década de negociaciones, de las guías sobre las cuales funcionarán los mercados bilaterales de carbono (Artículo 6.2) y mercados globales regulados (Artículo 6.4) bajo las reglas de la Convención de Cambio Climático.
A diferencia del actual mercado voluntario que es gestionado por organizaciones privadas como Verra o Gold Standard, este nuevo mercado regulado se guiará bajo normas científicas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Exigirá a los países participantes informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático desde la forma para calcular el carbono que se venderá hasta los pasos para garantizar que no se violarán derechos humanos, laborales y de las comunidades alrededor de los proyectos.
En una COP dominada por la discusión de dinero, el impulso final alrededor de los mercados de carbono no es casualidad: desde Simon Stiell hasta los nuevos compromisos climáticos de Emiratos Árabes Unidos y Brasil, todos esperan que a través de los créditos de carbono se cumplan objetivos de mitigación y “se ahorren 250 mil millones de dólares”.
Aparte de lo problemático que sería considerar financiamiento climático, lo que en esencia es “un permiso para poluir” o “una indulgencia” como lo describe Kirtana Chandrasekaran de Friends of the Earth International, existen serias preocupaciones sobre la falta de punición en caso de usar créditos de carbono de baja calidad como modo de cumplir los compromisos climáticos de los países, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
El texto aprobado en los mercados bilaterales – a los cuales países como Singapur apuestan de manera agresiva con varios países de Sudamérica como Chile y Paraguay – tiene varios logros, como por ejemplo, exigir transparencia de las posibles inconsistencias de los proyectos y publicar cuándo estos créditos son vendidos de un país a otro para evitar la doble contabilidad.
Pero también permite que “los países no asuman ninguna repercusión si no cumplen las reglas” de acuerdo con un análisis de Carbon Market Watch, un think tank especializado en las negociaciones climáticas.
Esto se ve con la ausencia de castigo en caso de que los países utilicen créditos de carbono con “inconsistencias” (lo que podrían ser desde errores respecto a cuánto carbono realmente se captura, hasta falsear datos o incluso no respetar los derechos humanos). “No hay ni un límite para tomar acción ni penalidades claras. Los países tienen poco incentivo para no malear el sistema”, señala Carbon Market Watch.
El texto aprobado por la COP29 se limita a pedir por favor, porfitas, que los países no utilicen créditos de carbono de mala calidad en sus acuerdos bilaterales.
En el nuevo mercado internacional regulado por su parte no incluyó la propuesta de varios países del Grupo SUR de considerar los proyectos de “emisiones evitadas”, lo que significa que proyectos como los REDD+ tendrán que demostrar no solo que evitan la deforestación, sino que -de hecho- capturan carbono.
Un principal aspecto metodológico quedó a cargo de una futura guía técnica: sigue sin haber reglas claras sobre el peligro de utilizar créditos de carbono temporales – como los proyectos de agricultura regenerativa – para compensar emisiones de carbono permanente, como la quema de combustibles fósiles.
“La decisión en Bakú dice que ese trabajo debe ser guiado por la mejor ciencia disponible”, subraya Carbon Market Watch, que sugiere empezar por un reciente estudio de Nature que confirma que cualquier proyecto de captura de carbono que no dure al menos 1000 años es insuficiente para compensar la polución causada por el petróleo, gas o carbón.
El camino a Belém partió con turbulencias
América Latina, después de 10 años, será la sede de una cumbre del clima el próximo 2025, con la COP30 a realizarse en Belém, capital del estado de Pará, en la Amazonía brasileña.
El cierre de la COP29 era clave para ver si algún tema quedaba pendiente para la cita del próximo año, y así fue.
Desde el comienzo de la cita en Bakú existió una gran diferencia entre países por la discusión en torno a la aplicación de los resultados del Balance Mundial o Global Stocktake decidido hace un año en Dubái, cuando la COP28 acordó la frase de que el mundo debía realizar una “transición lejos de los combustibles fósiles”, un hecho histórico ya que por primera vez en la historia de las COP se hacía referencia a los que son la causa del cambio climático.
Existía mucha expectativa en torno a cómo llevar adelante lo decidido hace un año, pero tras dos semanas de debate, la propuesta realizada por la presidencia de la COP29 solo se limitó a hablar de que los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a los esfuerzos globales “referidos en el párrafo 28” de la decisión de hace un año. Cual Voldemort, los fósiles se volvían innombrables nuevamente.
Julio Cordano, jefe de la delegación de Chile, tomó la palabra en el plenario final para manifestar que la propuesta “no refleja las herramientas y procedimientos que debemos tener para lograr los resultados del Balance Global y apoyar los compromisos (NDC) que serán presentadas” y que “este texto no tiene consenso”.
Otros países como Suiza, Maldivas y Fiji hicieron eco, lo que derivó en que Mukhtar Babayev declarara la no adopción del texto. Es decir, será tarea de Brasil, presidencia de COP30, liderar las discusiones al respecto en noviembre del próximo año, con previo paso en las intersesionales que se realizan todos los años en Bonn, Alemania.
Lo que sí se logró aprobar fueron los avances en el establecimiento de indicadores para la Meta Global de Adaptación, discusión que, en todo caso, siempre tuvo su fecha de cierre en 2025, por lo que será otro de los puntos claves en Belém.
Pero antes de la inédita cita en la Amazonía, los países deben presentar -para febrero de 2025- sus compromisos climáticos actualizados. Silva, la ministra brasileña de Medio Ambiente, afirmó que el país está “comprometido en liderar con el ejemplo y promover que todos lleguen con NDC ambiciosas”.
Brasil fue justamente uno de los tres países que presentó su nueva ronda de NDC durante la cumbre en Bakú, junto a Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.
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